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El actual presidente, Daniel Ortega, solicitó apoyo al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) para disolver la Asamblea Nacional, buscando así una solución a la «crisis institucional» en la que está inmersa Nicaragua.

El presidente Ortega dijo a empresarios «que si el COSEP lo apoyaba, él estaba dispuesto a disolver y reorganizar una legislación con representantes de todos los sectores, como fue el Consejo de Estado».

Aunque el impedimento central del gobernante para anular la Asamblea radica en la necesidad de 56 votos de los 92 legisladores del Congreso para seleccionar los cargos altos. Según el asesor de asuntos económicos de la Presidencia, Bajardo Arce, Ortega está negociando este tema con los líderes de la oposición, Eduardo Montealegre, ex canciller y ex candidato presidencial, y con Arnoldo Alemán, ex presidente, con el objetivo de re-estructurar de ipso facto el Estado.

El mandatario desea implementar un Consejo de Estado, en vez de la Asamblea Nacional. Como indica Ortega, este organismo estaría integrado y representado por los partidos políticos, los principales sindicatos, las instituciones de la sociedad civil, los estudiantes, los empresarios y otras organizaciones. De modo que sería un fiel reflejo de las instituciones que funcionaban en el país centroamericano en coordinación al gobierno sandinista en la década de 1980. Tanto la oposición como el partido aliado Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), rechazaron la propuesta del mandatario. El diputado del FSLN,Agustín Jarquín, calificó como «no felices» las palabras de la primera autoridad nicaragüense, dado que la institucionalidad del país debe descansar en los acuerdos de Esquipulas II, que el propio Ortega firmó hace 23 años.

Además de ello, el mandatario ha planteado nuevamente la elección de la mayoría de los 10 jueces electorales del Consejo Superior Electoral. Este acto no lo secunda la oposición en el Parlamento, ya que alegan que estos magistrados efectuaron fraude en las elecciones municipales en noviembre de 2008, favoreciendo a los sandinistas, el grupo político que en la actualidad encabeza el oficialismo[1].

El oficialismo considera que el sistema actual  no es representativo; funciona en base a las decisiones y vaivenes de los partidos políticos, lo que obstaculariza «el proceso de estabilidad institucional» en el país. Sin embargo, la instauración de un «sistema de gobierno popular», no es sinónimo de estabilidad. En democracia son los partidos políticos, los llamados a agregar y representar los intereses de los ciudadanos, y es en el Parlamento donde se legisla con autonomía del Ejecutivo. Ambos poderes, además del Judicial, están sometidos a la Constitución, la cual se debe respetar y no cambiar a discreción.