Mª Fernanda Muñoz M.*

 

The World Justice Project publica la segunda versión de la serie anual del Rule of Law Index™, herramienta de investigación cuantitativa generada en base al análisis de la adherencia o no de los gobiernos al Estado de Derecho, y cómo esto afecta a la sociedad en la práctica. El resultado arroja una percepción generalizada sobre la inestabilidad y la falta de eficiencia de las instituciones públicas en América Latina. Con todo, Chile supera a sus vecinos en todas las categorías y Venezuela figura como el país peor evaluado.

En esta edición del Índice del Estado de Derecho se efectúa una medición de 66 países (11 latinoamericanos) en base a 8 factores desglosados en 52 subfactores que miden el desempeño del gobierno en cada una de las materias seleccionadas. Los 8 factores estudiados son: limitación del poder del Gobierno, ausencia de corrupción, orden y seguridad, derechos fundamentales, transparencia del gobierno, cumplimiento de la regulación, acceso a la justicia civil, eficiencia de la justicia penal y justicia informal.

En el plano latinoamericano, además de contar con claras deficiencias en las instituciones públicas en cuanto al nivel de rendición de cuentas y el sistema de pesos y contrapesos, el factor peor evaluado, que posiciona a la región en los más bajos puestos es la alta tasa de criminalidad, y que va de la mano con la peor evaluación del sistema de investigación y procedimientos judiciales y penales. Tanto así que Chile, a pesar de ser el país mejor evaluado y más estable de Latinoamérica, se encuentra en el puesto 45º (de 66) en la categoría «Orden y Seguridad» en el mundo, aunque 1ÅŸ en el ranking regional.

Chile lidera la región en todos los aspectos posicionándose incluso por sobre Brasil, que le sigue en segundo lugar junto a Perú. Obtuvo el primer lugar en las 8 categorías (factores) y a nivel mundial no baja del puesto 20º en la mayoría de las categorías, menos en «Eficiencia de la justicia penal». Esto se debe principalmente a las deficientes condiciones en los centros penitenciarios y la reincidencia criminal.

El informe señala que el gobierno chileno es responsable en la rendición de cuentas y que las Cortes son transparentes y eficaces. Destacan la baja corrupción en comparación con los vecinos en la policía, los militares y el gobierno. Lo que se explica porque existe una clara independencia de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, lo que limita al gobierno a actuar dentro del marco de la legalidad. El respeto a la privacidad y a la propiedad privada, también son algunos puntos evaluados positivamente.

En contraste, encontramos que Venezuela es el país peor evaluado, obteniendo la más baja puntuación en 6 de 8 categorías, menos en «ausencia de corrupción» (Bolivia) y «transparencia del gobierno» (Jamaica) donde ocupa el penúltimo lugar. A nivel mundial, obtiene los peores resultados en cuanto a la «limitación de los poderes del gobierno» y la «eficiencia de la justicia penal». El Estado de Derecho, según este índice, parece estar casi totalmente deteriorado y no existen instituciones capaces de fiscalizar las acciones del Ejecutivo, pues éste controla e interviene en todos los poderes y entidades transversalmente en la sociedad. Casi no existe sanción a malas conductas de los funcionarios del gobierno revelando así una alta tasa de corrupción en todos los niveles.

Los proyectos de ley, así como informaciones oficiales son escasamente conocidos por la población pues no hay fácil acceso y la certeza jurídica casi no existe. El sistema judicial presenta serias deficiencias tanto en su aplicación efectiva como en su imparcialidad en los procesos, siendo el punto más crítico evaluado, la independencia del sistema penal del ejecutivo. La justicia civil tampoco está libre de corrupción ni de influencia ilegítima por parte del gobierno, lo que dilata los procesos que además son aplicados indebidamente. Se opera en base a la corrupción, la discriminación y la poca eficiencia. Sólo en términos relativos, la libertad de religión, protección de derechos del trabajo y el acceso a tribunales civiles se han evaluado aceptablemente.

Otro caso importante de destacar en la región es el de Bolivia, que se ha posicionado como el país latinoamericano con mayor corrupción en la región y que a nivel mundial ocupa el puesto nº60, siendo superado por países como Cambodia y Pakistán. Juzgando por los hechos actuales, podríamos agregar al índice la persecución política a discreción perpetrada por el gobierno contra la oposición, situación que elevaría aún más los altos niveles de irregularidades en el país y la intervención del Estado en poderes que deberían deliberar en base a hechos y no a intereses políticos. Situación de la que este índice no da cuenta.

Por otro lado, Colombia presenta graves problemas de orden y seguridad debido a la presencia de grupos paramilitares ligados al narcotráfico. No obstante, Venezuela sigue siendo en este ámbito el peor evaluado de la región. En Perú los controles al ejecutivo, así como la protección de derechos fundamentales parecen funcionar debidamente. Sin embargo, a nivel mundial aún queda trabajo por hacer, sobre todo en eficiencia institucional y lo relativo al sistema de justicia penal.

Se destaca en el informe los esfuerzos en la transparencia que ha hecho escalar en el ranking a algunos gobiernos latinoamericanos. Asimismo, se reconoce un avance en cuanto a libertades políticas, la protección de los derechos básicos y las libertades civiles, condición sine qua non para el desarrollo pleno de la región en países como Chile, Perú y Brasil. Pero, en general, se advierte un atraso principalmente en el respeto a la institucionalidad, la probidad y el sistema judicial. Para esto es fundamental dejar atrás las prácticas que atentan contra la libertad y respetar los preceptos democráticos propios de los países desarrollados.

La tabla muestra el ranking dentro de Latinoamérica.

Fuente: http://www.worldjusticeproject.org

Análisis elaborado en base al Rule of Law Index™. Obtenido  electrónicamente en: http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/wjproli2011_0.pdf

 

 

 

* Cientista Político de la Universidad Católica de Chile, Investigadora de LatinoamericaLibre.