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Con el auge de internet y las redes sociales, los ciudadanos son más libres de expresar lo que sienten y quieren. Sin embargo, el aumento de una actitud agresiva de parte del mandatario ecuatoriano hace que la libertad de expresión se vea amenazada en ese país. La reciente demanda presentada por el presidente Rafael Correa y aceptada por el juzgado, al diario El Universo por supuestas injurias y calumnias, ha dado paso a un litigio que revela una tendencia a denunciar casos de supuesto desprestigio de la autoridad.

Es importante destacar que no es la primera demanda que interpone el gobernante izquierdista, sino que el total de éstas ascenderían a un monto de 500 millones de dólares. El pasado 21 de marzo interpuso una demanda por 80 millones más cárcel en contra de directores y editores del diario El Universo, la que fue aceptada el día 7 de este mes por el juzgado del Guayas. En ella acusa que, en la editorial del 6 de febrero del 2011, el diario publica una columna titulada «No a las mentiras» escrita por Emilio Palacio, lo tilda de «dictador» además de acusarlo de cometer crímenes de lesa humanidad. Esto, por el suceso ocurrido el 30 de septiembre pasado, donde cientos de policías se rebelaron por reclamos salariales llegando a retener a Correa en un centro médico de donde fue rescatado por militares en medio de un fuerte tiroteo. Palacio cataloga al mandatario de criminal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. La revuelta dejó 10 muertos, cinco de ellos en las inmediaciones del hospital[1].

Tanto el suceso ocurrido en esta insurrección así como las medidas tomadas por Correa evidencian dos claras prácticas poco democráticas lejanas a lo que se ha conseguido en tratados internacionales en cuanto a códigos de guerra y a la libertad de expresión.

Diversas instituciones internacionales, entre ellas Human Rights Watch (HRW), Reporteros Sin Frontera (RSF), Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), han visto horrorizados esta situación y han reaccionado alegando el fin de las penalizaciones de este tipo que se aplican en Ecuador y que atentan directamente con un derecho básico del ser humano y de las sociedades a expresarse. HRW condena lo que sucede en Ecuador y señala que «en un sistema democrático, los presidentes no deberían usar el derecho penal para bloquear el debate público sobre sus actos y políticas»[2].

Tras este tipo de sanciones, observamos que se dan dinámicas injustas para los que se expresan. Sucede que los culpables pasan a ser «víctimas» y viceversa generando así una situación inaceptable, sobre todo si consideramos que están ejerciendo un derecho básico. El problema es que los entes fiscalizadores, los jueces, también generan desconfianza en cuanto a su imparcialidad, principalmente en sociedades poco transparentes, donde es probable que éstos se muevan por preferencias políticas, convicciones u otras prácticas incluso más reprochables, dejando de lado la neutralidad y obviando la importancia democrática de proteger un Estado de derecho.

Correa intenta convencernos de que ejerce su derecho a defenderse como cualquier ciudadano ante lo que él considera difamación. Pero al contrario, vemos que el uso de la libertad de expresión manifestada en críticas a la autoridad a través de medios de comunicación, en países como Ecuador, es perseguida y duramente sancionada. Esto daña fuertemente, a la democracia y a la construcción de una sociedad libre.