Por Francisco Olivares

Sesenta economistas de distintas generaciones y tendencias de todo país llevan más de dos años reuniéndose y han producido un documento que recoge una serie de propuestas en el que se analiza y expone de dónde proviene y cómo deberían enfrentarse las grandes dificultades económicas que arrastra el país desde hacer tres años.

La propuesta apunta hacia promover un nuevo régimen cambiario que sustituya el actual con tres tasas oficiales, frenar la expansión del gasto público, devolverle la autonomía al BCV y una serie de medidas inmediatas que abrirían el camino para reactivar la producción. Los economistas esperan que algunas de ellas puedan ser asumidas dado que, señala el documento, «en 2014 se perdió un valioso tiempo en términos de medidas de política gubernamental oportunas».

El documento está disponible en www.pensarenvenezuela.org.ve . A pesar de las diferencias de modelo, el sector oficial comienza a plantear la necesidad de aumentar y favorecer la producción nacional y acercarse a los sectores productivos del país, ello dejando atrás la política de importaciones y las excesivas regulaciones que han dominado los últimos 10 años. A través del recién creado Consejo Nacional de Economía Productiva, desde el cual se promocionó el plan de los 9 motores para impulsar la producción, el Gobierno ha recibido del parte del los sectores productivos privados las propuestas para reactivar la producción nacional que se estima trabaja entre 40% y 50% de su capacidad instalada.

El Decreto de Emergencia Económica 2.184, publicado en Gaceta el 14 de enero de 2016, con el número 6.214 (Extraordinario), ha puesto de relieve dos visiones del país, de su economía y en definitiva dos modelos que vuelven a enfrentarse frente a una severa crisis económica que ambos sectores reconocen.

Sin embargo ya la identificación de la crisis y cómo enfrentarla muestran sus profundas diferencias. Para el oficialismo es una crisis coyuntural derivada de la caída de los precios del petróleo que se agrega a una sostenida «guerra económica» promovida desde enemigos externos en complicidad con sectores del empresariado venezolano.

Para los sectores opositores y liberales del país, se trata del fracaso de un modelo estatista que ha intervenido la economía a través de controles económicos, leyes laborales, control de cambio, estatizaciones y expropiaciones que finalmente promovieron una economía importadora basada en la renta petrolera.

En qué hacer frente a la crisis se manifiestan más diferencias que coincidencia.

Entre las coincidencias destaca lo inicialmente señalado por el vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo, quien encabezó la primera sesión del Consejo Económico, organismo creado por el Gobierno para atender los problemas fundamentales en las distintas áreas productivas, sostuvo que hay que pasar de una economía rentista a una economía productiva, enfatizando en que, y aquí comienzan las diferencias: «El Decreto pone fin a un modelo rentista agotado que ha sido impuesto por el capitalismo y beneficiados a élites económicas».

Para el economista y parlamentario José Guerra, quien encabezó la comisión que rechazó el Decreto de Emergencia en la AN, presentó un informe en el que se señaló que el decreto no presenta «una fórmula efectiva para superar los ingentes problemas que conmueven a la economía del país». Asimismo indica que se omitieron aspectos que coadyuvaron a la generación de la crisis como fuel el manejo errado de la política fiscal, monetaria y cambiaria.

 

Crisis desde 2009

Precisa el documento que todas las dificultades económicas descritas en el estudio «son previas a la aguda caída de los precios del petróleo. Y parten de un modelo promovido por el fallecido presidente Hugo Chávez quien en enero de 2007 anunciara, luego de su reelección, que Venezuela se dirigía hacia una transición hacia el socialismo del siglo XXI. Se inició un proceso de expropiaciones y confiscaciones de empresas nacionales e internacionales, del sector agrícola, industrial, eléctrico, financiero, servicios y telecomunicaciones. Se crearon nuevas empresas y entes públicos para compras en el exterior y distribuir bienes dentro de gasto social, estrechamente vinculado a la red clientelar del partido de Gobierno. También se ampliaron las facultades del Gobierno para ejercer controles de precios, de ganancias y sobre la distribución de bienes de producción privada en el territorio nacional». Señala el documento que esas medidas promovidas en el Plan Socialista desde 2007 generó la pérdida de eficacia productiva y potencial de producción en prácticamente todos los sectores de la economía público y privado. Y ello se ha convertido en un impedimento más para el normal abastecimiento con producción nacional.

 

Propuesta de los 60

Ante la «vulnerable situación económica» los economistas hacen una serie de recomendaciones al país que consideran necesarias para sacar a Venezuela de las graves circunstancias en que se encuentra al inicio de 2015.

En el primer punto proponen establecer un proceso presupuestario ordenado con el objetivo de reducir el déficit del sector público, el cual no debe exceder de 4% del PIB en un plazo de dos años. Señalan que con más de 1.200 estatales y nacionalizadas, casi todas con grandes problemas financieros, además de cientos de entes públicos, esta tarea constituye un desafío a una forma de dirigir el gasto público, «guiados por objetivos político-electorales. Se debe cumplir -indica- con el artículo 314 de la Constitución que establece que no habrá gasto público fuera del presupuesto nacional y suspender los fondos extra presupuestarios de gasto discrecional.

 

Autonomía del BCV

Proponen los economistas rescatar la autonomía del BCV con el nombramiento de un directorio calificado que no esté sometido a directrices del Gobierno. El financiamiento monetario de más de dos tercios del déficit fiscal del sector público y la transferencia de reservas internacionales al FONDEN deben ser suspendidas, dentro de una programación macroeconómica coordinada con el Ministerio de Finanzas y PSVSA.

Adicionalmente en el punto 3, el documento indica que se debe ejecutar de inmediato un plan de reorganización y saneamiento financiero de PDVSA, dentro del contexto de un nuevo plan económico, para iniciar la recuperación y elevación de la capacidad de exploración, producción y exportación de petróleo y productos derivados, propia y de las empresas mixtas.

 

Deuda

Operaciones de pasivos que permitan mejorar y reducir el perfil de vencimientos de la deuda externa de la República y PDVSA, además de revisar y suspender otras facilidades crediticias recibidas o provistas a otros países dentro de un plan de reformas económicas. Las deudas comerciales del sector público y privado, que se compruebe que son legítimas, también deben ser parte de la negociación con los acreedores en el nuevo contexto de cambios económicos. «El país requiere de financiamiento externo dentro de un plan de reordenamiento (… ) No es aceptable endeudar más al país para intentar mantener un modelo de presunta transición al socialismo que ya se ha comprobado ser desastrosamente cerrado en su concepción práctica».

 

Control de cambio

Desmontar el régimen de control de cambio, dentro del plan económico -fiscal, monetario, financiero- para lo cual es fundamental crear las condiciones económicas y sociales para mejorar la producción, distribución y comercio de bienes y servicios. Esta tarea -dice el documento- es compleja y exige fortalecer las reservas internacionales y coordinar con el sector privado para un proceso gradual de desmontaje de los controles de cambio y precios, hasta llegar a una situación de estabilidad, donde los mercados puedan volver a operar en un mejor ambiente económico con una tasa de inflación disminuyendo rápidamente. Se debe llegar a un mercado cambiario funcional sin las generalizadas prácticas de corrupción para aprovechar los diferenciales cambiarios» (… )

 

Regreso de capitales

Diseñar políticas sectoriales en el contexto de los cambios para estimular la recuperación y mayor productividad laboral en los sectores agrícolas, manufacturero, minero, construcción, turismo.

Agrega el documento que el capital privado venezolano que ahora se invierte en varios países de América Latina podría volver a Venezuela y ayudar a elevar la inversión privada y las reservas internacionales, al percibir al país como una economía en vías de estabilizarse y prosperar. Se deben continuar con las obras de infraestructura que estén en marcha y con el apoyo de organismos multilaterales avanzar en la modernización de la infraestructura de servicios públicos.

El Decreto de Emergencia

El vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, quien encabeza el Consejo de Economía ha sintetizado los alcances de la propuesta gubernamental contenida en el rechazado Decreto de Emergencia señalando que impulsarán un modelo económico productivo, pasando de una economía rentista a una productiva.

Plantean utilizar recursos que quedaron de 2015 y otros provenientes de FONDEN para mantener inversiones en los programas sociales, en infraestructura productiva y abastecimiento. Asimismo buscarán recursos extraordinarios para salud, educación, alimentos y vivienda.

Aunque no se especifica en los anuncios gubernamentales, el decreto plantea «implementar medidas especiales, de aplicación inmediata, para reducción de la evasión fiscal».

Aristóbulo Istúriz precisa que se plantea «articular compras del Estado con la inversión y producción nacional para incentivar al empresario nacional» y aumentar la exportación de rubros no tradicionales. El Gobierno creó un nuevo organismo denominado «Sistema Centralizado Estandarizado de Compras Públicas, que según dijo el mandatario, es para «activar un plan de acupuntura económica», que es poner la divisas a donde tienen que ir.

El Decreto contiene otras medidas que le otorgarían autonomía al Gobierno para manejar recursos extraordinarios, para dictar medidas de orden social, económico y financiero, y una medida mediante la cual el Gobierno puede ponerle «límites máximos de ingresos y egresos en moneda la moneda venezolana, así como restricciones a ciertas operaciones y transacciones comerciales y financieras.» En especial estos puntos motivaron la no aprobación del Decreto por parte de la AN.

El presidente Nicolás Maduro, antes de partir para Ecuador a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) el pasado miércoles, señaló que había recibido por parte del Consejo Nacional de Economía Productiva las propuestas emanadas de las mesas de trabajo de los nueve motores estratégicos priorizados, por parte de los productores, gremios y empresarios que participaron en esas reuniones. Es de destacar que la mayoría de esos planteamientos se orientaron a los problemas cambiarios, deudas por entrega de divisas, controles de precios y falta de insumos para aumentar la producción. De manera que ahora los sectores productivos esperan la respuesta gubernamental de qué hacer y qué medidas tomar frente a la crisis económica.

 

 

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Publicado originalmente en El Universal (Venezuela), el 31 de enero de 2016.