Por Jessica Gramajo

Mantener el pacto partidario que logró colocar al oficialista Óscar Chinchilla en la silla presidencial del Congreso será el principal reto para este año en el Legislativo, ya que de ello depende que se logre avanzar en temas importantes y prioritarios como las reformas a la Constitución en el sector justicia y la ley de competencia, consideran  politólogos.

Los expertos Ángel Ramírez, de Congreso Transparente, y el independiente Ricardo Barreno, así como el aun presidente del Congreso, Mario Taracena, coinciden en que la cohesión de la alianza marcará el futuro de la labor en el Legislativo. No es que le apuesten, lo que aseguran es que de ello dependerá cuál será la agenda prioritaria de ese organismo.

“Es una Junta Directiva que no se ve cohesionada, que se logró con acuerdos de último minuto y no se tomó en cuenta a uno de los bloques más grandes y con experiencia… Mantener la alianza les permitirá avanzar en los retos importantes como continuar con el control administrativo y financiero del Congreso, así como impulsar una agenda”, indicó  Ramírez, de Congreso Transparente.

Barreno recordó que el proceso de negociación de la Directiva fue hermético, dudoso y poco participativo, “muy al estilo de la política tradicional”, y con gran incidencia del Ejecutivo, por lo que les será difícil mantener autonomía, claridad y compromiso en impulsar una agenda de beneficio nacional.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, ve las cosas distintas. Cree que por el bien del país tiene que lograrse una nueva correlación de fuerzas, ya que la alianza actual podría tener intereses particulares muy marcados y guiados por la política tradicional.

Prioridades

Mientras  los politólogos coinciden en que las reformas a la Constitución en el sector justicia deben  ser prioridad, las bancadas en el Congreso no están muy seguras. Para el Movimiento Reformador (MR) es necesario continuar la discusión, el partido de gobierno lo dejó como un tema terciario y solo la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el bloque Todos lo consideran  punto de primacía.

Boris España, jefe del MR, aseguró que existen  dudas y poca discusión en torno a las reformas constitucionales, por lo que plantea que el Congreso debe crear una mesa técnica en la que se logren acuerdos para modificar

algunos puntos. Reconoció que el antejuicio y el derecho indígena son los aspectos que más han generado discordia.

“De qué sirve aprobar una normativa que no le guste a la población y que al llegar a las urnas en el referéndum se pierda; solo vamos a gastar un montón de dinero”, lamentó España.

Mientras que Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), colocó entre sus prioridades la aprobación de dos reformas al Código de Trabajo presentadas por esa agrupación política y que están encaminadas a establecer cambios respecto de inspectorías y sindicatos.

Para Juan Ramón Lau, del bloque Todos, y Carlos Barreda, de la UNE, las reformas constitucionales al sector justicia deben ser prioridad y  aprobarse sin modificaciones.

En la mira

La agenda legislativa y administrativa del Congreso deberá librarse en un proceso en el que los ojos de la población y de la justicia están sobre los legisladores.

En la actualidad más de 20 diputados tienen procesos de antejuicio abiertos, entre ellos Víctor Cruz Clavería, electo segundo secretario del Congreso, quien enfrenta un proceso por violencia contra la mujer.

Decidirá

El pleno

Óscar Chinchilla, presidente electo del Congreso, aseguró que será el pleno el que decida el futuro de las reformas a la Constitución en el sector justicia.

Según el congresista, su labor como presidente no le da facultades para determinar qué pasará con la agenda legislativa, aunque reconoció que hay varias iniciativas pendientes de aprobación.

“La instancia de jefes de bloques es la que se encarga de definir la agenda, y el pleno es el que decidirá si se continúa con la discusión de las reformas constitucionales o si se crea una mesa técnica, porque esa no es mi labor”, manifestó, y recordó que está pendiente la ley de competencia.

En cuanto al temor  sobre la permanencia de la  alianza que lo llevó a la presidencia, indicó que no es él quien debe  hablar del tema, porque la decisión fue tomada por los jefes de bloques.

“No quiero hablar mucho al respecto, porque todo lo que digo es utilizado en mi contra. Solo puedo decir que esa es labor de los jefes de bloques, no mía”, indicó.

Temas pendientes

Este año el Legislativo  desarrollará una agenda interna y nacional.

• En materia administrativa interna del Congreso existe en proceso la destitución de más de 150 trabajadores.
• Se debe comenzar el proceso de reclasificación de puestos y  salarios de los trabajadores, como parte de la implementación de las reformas a la Ley Orgánica, aprobadas el año pasado.
• En mayo se vence el pacto colectivo del Congreso, en el que se autoriza el incremento salarial del 10 por ciento, entre otros beneficios. Según la Ley, los derechos de los trabajadores son irrenunciables y no pueden ir en detrimento.
• Uno de los retos iniciales será la formación de las comisiones de trabajo, ya que se reducirán de 56 a 35. Estas salas han sido utilizadas en el Congreso para beneficios particulares, pues permiten la contratación de más personal. Además, se otorgan dietas por sesiones y una caja chica de Q3 mil mensuales.
• En materia legislativa, se debe continuar con la aprobación en redacción final de las reformas constitucionales al sector justicia. Hasta el momento se han conocido dos artículos.
• Están pendientes las leyes de competencia y  de aguas.
• En mayo se tiene que elegir al nuevo procurador de los Derechos Humanos.

 

 

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Publicado originalmente en Prensa Libre (Guatemala), el 9 de enero de 2017.