Chile: Sequía de proyectos energéticos

El último reporte de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) confirmó una nueva baja en las estimaciones de inversiones del sector energía para el quinquenio 2013-2017 en relación a lo que se registraba al cierre del 2012. Se constata una docena de iniciativas eléctricas que se han paralizado o postergado a lo largo del tiempo, cuya inversión supera los US$ 25 mil millones.

Esto no constituye una sorpresa dado el deterioro que ha sufrido el clima de inversión – caracterizado por fuertes oposiciones ciudadanas, una creciente judicialización y la obstaculización de obras – lo que ha vuelto cada vez más compleja la materialización de proyectos en el sector.

Susana Jiménez, economista senior de LyD, asegura que el desafío es seguir satisfaciendo los mayores requerimientos de energía que el proceso de desarrollo demanda. “No se puede arriesgar que la insuficiencia de suministro se convierta en un cuello de botella para el desarrollo económico y social del país”, asegura.

La experta explica que las principales dificultades para sacar adelante los proyectos tienen que ver con las demoras en la obtención de permisos y retraso de las obras; las fuertes objeciones al desarrollo de proyectos de generación y transmisión y la profusa judicialización con recursos de protección y cambio de rol de los jueces.

Como resultado de esto, hay una importante cartera de proyectos y varias iniciativas aprobadas, pero que no se ejecutan. De hecho, en generación se necesitan 7.000 MW al 2020, pero sólo hay 1.000 MW en construcción y este año no ha ingresado ningún proyecto relevante al SEA.

Las dificultades actuales ponen en riesgo el suministro energético a precios razonables a partir de los próximos 3 a 4 años, lo que auguran una inminente estrechez energética.

Lo anterior ya se refleja en precios más elevados de la energía eléctrica en el mercado spot y en los contratos de clientes libres, afectando nuestra actividad minera, industrial y comercial. Más aún, ya se vislumbra que comenzarán a aumentar las cuentas que deberán pagar los clientes residenciales.

¿Qué medidas son necesarias?

-PDL de concesiones eléctricas y carretera eléctrica debieran permitir agilizar procesos y anticipar necesidades. Tiempos podrían baja de 75 meses actuales a 8 meses con ambos PDL aprobados.

-Agilizar los permisos sectoriales y estandarizar metodología de evaluación ambiental.

-Evitar dilación de plazos en el Comité de Ministros para la Sustentabilidad.

-Acercamiento a la sociedad con mayor información y generación de confianza en las instituciones.

-Dar estabilidad regulatoria: se está modificando el 10/24 (ley aprobada el 2010) y se evalúan restricciones a las emisiones de carbono (norma de emisiones del 2011).

-Rediseñar licitaciones para el suministro de clientes regulados que permita atraer inversiones. Oportunidad para aumentar generación de base a partir de GNL.

-Buscar formas para que se respete la deferencia técnica: cada órgano debe actuar en su ámbito de competencia (CS no debiera hacer la calificación ambiental si existe un órgano técnico especializado).

-Fomentar y delimitar la participación ciudadana.

-Avanzar en la zonificación que permita ubicar centrales en áreas aptas para ello.

-Aprovechar los recursos hídricos disponibles, que alcanzan más de 6.000 MW en la zona sur austral.

-Evaluar compensaciones locales que permitan a las comunidades participar de los beneficios de los grandes proyectos.

-Lograr acuerdo a nivel legislativo para introducir mejoras que escapan del ámbito administrativo: (i) borde costero; (ii) implementación del convenio 169; (iii) tramitación y fallo de Recursos de Protección.

 

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Publicado originalmente en Libertad y Desarrollo, el 30 de julio de 2013