Nicaragua: Reglamento Ético Electoral en Nicaragua

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Los meses previos a los comicios presidenciales y legislativos en Nicaragua, han estado rodeados de diversas irregularidades que han enturbiado el ambiente preelectoral. La publicación de un Reglamento Ético Electoral ha generado suspicacias de algunos, y en otros la firme convicción de que el Consejo Supremo Electoral (CSE) planea un fraude electoral para favorecer al candidato sandinista y actual presidente, Daniel Ortega, quién va a reelección consecutiva. Malas experiencias pasadas han encendido la alerta de la oposición y las instituciones pro transparencia, así como de la misma ciudadanía.

El Reglamento Ético Electoral pretende regular la campaña presidencial y legislativa, a realizarse el próximo 6 de noviembre. Éste se habría creado, en teoría, para defender la dignidad de los funcionarios públicos y los candidatos. Es decir, el reglamento buscaría la realización de una campaña limpia en base al respeto, lo que en la práctica se traduce en una serie de normas de ambigua interpretación y una clara limitación de la libertad de expresión bajo los conceptos de no difamar, injuriar o calumniar a las autoridades electorales (el CSE), candidatos, empleados y funcionarios públicos. Es por esto que ha sido denominada como la “ley bozal” o “ley mordaza”, donde incluso, la violación reiterada de esta norma podría calificar como delito electoral.

Además de limitar la libre opinión, ha sido ampliamente criticada pues no considera dentro de sus prohibiciones la utilización de recursos del Estado para hacer campaña electoral (sedes, transportes, intervención, etc.), produciendo una contienda desigual. Esto se prohíbe en la Constitución, no obstante, no es realmente respetado, lo que pareciera ser mucho más perjudicial que el natural deseo de expresión de la ciudadanía.

Sin embargo, la poca transparencia del proceso pre electoral que se plasma en este reglamento, se evidencia en otras prácticas y normativas mucho más profundas y dañinas que lo mencionado. Principalmente nos referimos a la imposibilidad de los partidos de  contar con fiscales acreditados para resguardar que se lleve a cabo un debido proceso, ya que la presencia de éstos se ha prohibido por el CSE durante el proceso de verificación.

El proceso de verificación, a realizarse los días 23 y 24 de julio, consiste en la revisión y confirmación de los datos del padrón electoral. Para esto, la ciudadanía debe acudir a centros de votación y asegurarse de figurar en el padrón o notificar si es que hubiese un cambio de domicilio para reorganizar la designación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). El problema es que tanto en el proceso en sí, así como en el traslado de la información terminada la jornada, no se permitirá la presencia de representantes acreditados de los partidos que vigilen potenciales fraudes.

Esta situación genera preocupación en torno a las elecciones pues la experiencia en comicios anteriores ha demostrado que el Consejo Electoral Supremo, por ser en su conformación de mayoría oficialista (incluso llamados “magistrados de facto”), es propenso a crear escenarios favorables para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Fue el caso de las Elecciones Municipales de 2008, donde se cometieron diversas irregularidades en torno a la modificación del padrón y trabas al proceso de verificación que imposibilitaron a parte de la población a ejercer el derecho básico de sufragar por errores en los datos y la indebida designación de JRV. Cabe mencionar que las autoridades actuales del CSE, son las mismas que participaron en el proceso del 2008[1].

La oposición ha demandado una serie de modificaciones al reglamento en cuanto sus tintes represivos, como también ha intentado fomentar la inclusión de otras iniciativas que tienden a favorecer la transparencia y la igualdad de condiciones de la competencia, como la no utilización de recursos del Estado. Además exigen la capacidad de observación del proceso electoral a realizarse en noviembre, por organismos no gubernamentales, tanto internos como externos.

María Francis Blandón, de la institución Hagamos Democracia, explicaría estas medidas en base al hecho de que al FSLN le convendría una mayor abstención, lo que ha llevado al CSE a buscar una adaptación del padrón electoral según las pretensiones de Ortega de ser reelecto, a pesar de la prohibición original de la Carta Fundamental referente a la perpetuación de un gobernante en el poder. A esto se agregaría a la convicción de algunos sectores de que existe la planificación de un fraude electoral por parte del oficialismo en conjunto con las instituciones que carecen de independencia del Ejecutivo y, por lo tanto, de su capacidad y voluntad de fiscalizar  y hacer rendir cuentas al mandatario y la administración.

De persistir las irregularidades se desprestigiarían aún más las instituciones políticas nicaragüenses, y se afectaría la credibilidad del sistema, situación delicada ad portas de las elecciones.

 

 

 

 

 


[1] Douglas Carcache: “Normativa Poco Ética”, La Prensa (Nicaragua), 18 de Julio 2011.