Venezuela: Parlamento acepta propuesta de ley de amnistía

La oposición de Venezuela utilizó su mayoría en el Legislativo para aceptar hoy el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación con el que busca liberar a numerosos dirigentes políticos opositores que se encuentran detenidos o exiliados, pero el camino para su aprobación final podría ser más largo.

El proyecto de ley fue presentado por la diputada opositora Delsa Solórzano, quien aseguró que este instrumento busca dejar atrás “17 años de odio y división” entre venezolanos desde la llegada de la revolución bolivariana mediante la liberación de los “presos políticos”.

“Nosotros debemos unirnos para salir de esta crisis y construir juntos el futuro de Venezuela, ese es hoy el clamor nacional que pedimos los venezolanos: unión, paz y reconciliación nacional. Por ello es tan necesaria la aprobación definitiva de una ley de Amnistía para la reconciliación nacional”, indicó.

Para evitar que la aprobación de este instrumento derive en una odisea parlamentaria y jurídica, el equipo legal encabezado por Solórzano presentó un proyecto legal de apenas 42 artículos, por lo que su discusión en el Legislativo debería ser breve.

En primer lugar, la ley deberá ser aprobada por la Comisión Permanente de Política Interior para después pasar a plenaria para su primera discusión.

Posteriormente, la norma deberá ser revisada por segunda vez en la Comisión de Política Interior y después ser enviada para su sanción definitiva por la plenaria.

Sin embargo, la bancada del chavismo ha prometido que hará todo lo posible para evitar que se sancione esta ley, que considera como un irrespeto con las víctimas de las diferentes aventuras “golpistas” de la oposición durante los años de la revolución.

Con la sanción de esta ley, la oposición espera lograr la liberación de alrededor de un centenar de dirigentes y simpatizantes que se encuentran privados de libertad, exiliados o bajo régimen de libertad condicional por su activismo contra el Gobierno desde la llegada al poder del fallecido ex presidente Hugo Chávez en 1999.

El gobierno, empero, niega enfáticamente que en Venezuela existan prisioneros de conciencia, ya que los “políticos presos” de la oposición se encuentran privados de libertad por haber participado en “delitos comunes” como asesinato, instigación a la violencia o rebelión, según dictaminó la justicia.

Los detenidos

El caso más emblemático es el del dirigente Leopoldo López, quien fue condenado a pasar casi 14 años en prisión por haber encabezado un movimiento de protesta antigubernamental en febrero del 2014. Para el chavismo, López es un “monstruo” y un “asesino”, mientras la oposición lo considera un “preso político” del “régimen” venezolano.

Por su parte, el diputado Richard Blanco recordó que dirigentes como el activista Leopoldo López o el alcalde mayor de Caracas Antonio Ledezma se encuentran privados de libertad pese a que la Fiscalía nunca presentó pruebas convincentes de que cometieran algún delito, lo cual descalifica la calidad de la democracia venezolana.

“Uno no puede hablar de democracia si tiene presos políticos, si tiene exiliados, nosotros juramos ante Venezuela que en los próximos días los presos, perseguidos y exiliados se le abrirán las puertas para que puedan abrazar la alegría de ser libres”, dijo.

La diputada oficialista Nora Delgado denunció que el plan para “sacar a Leopoldo López” y los demás “asesinos” forma parte de la estrategia de la oposición de buscar el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por lo que el oficialismo se opondrá a la aprobación de este instrumento legal.

“Por eso desde el bloque de la patria nos solidarizamos con las verdaderas víctimas del pueblo de Venezuela y rechazamos contundentemente cualquier intento de usar este foro político legislativo para aprobar una ley inconstitucional”, alertó.

Pese a las críticas de la bancada oficialista en la sesión, este proyecto de “Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional” está lejos de ser una sorpresa, hasta el punto de que fue quizás la principal promesa de campaña en las recientes elecciones parlamentarias de diciembre, que se saldaron con un rotundo triunfo opositor.

Inclusive, tres diputados suplentes de la oposición (Renzo Prieto, Rosmit Mantilla y Gilbert Sojo) fueron postulados a pesar de estar detenidos. La oposición todavía está esperando que el Poder Judicial ordene la liberación de estos tres “presos políticos” para que puedan ejercer sus funciones parlamentarias.

La victoria electoral que le permitió a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hacerse con dos tercios del Parlamento venezolano fue interpretada por su dirigencia como un espaldarazo de la mayoría de la población a la “Ley de Amnistía”.

Maduro ha asegurado en numerosas ocasiones que usará su veto presidencial para bloquear la aprobación de esta ley, pero esta es una posibilidad que sólo puede ser usada en dos ocasiones.

Según la postura de la oposición, una vez que un presidente veta una ley, la norma regresa al Parlamento para una nueva revisión que, en caso de aprobarse, será enviada nuevamente al Ejecutivo para su aprobación.

En caso de un segundo veto, el procedimiento vuelve a repetirse, pero si el Parlamento vuelve a aprobar la ley por tercera vez la normativa podría ser publicada sin la firma presidencial.

El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Allup, ya aseguró que la oposición recorrería este camino para aprobar la Ley de Amnistía si hace falta.

Sin embargo, el mayor obstáculo probablemente no provenga del Ejecutivo, sino del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ya que cualquier ley o acto administrativo puede ser sujeto a la interpretación del Poder Judicial.

De esa manera, el TSJ -poder que también se encuentra cuestionado por el nuevo Parlamento- podría anular la Ley de Amnistía antes de que entre en vigencia, alegando que la misma incentiva la impunidad o viola los derechos humanos de las víctimas.

 

 

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Fuente: DPA
Publicado originalmente en El Comercio, el 4 de febrero de 2016