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El pasado sábado 20 de noviembre la justicia boliviana sentenció al alcalde de Potosí René Joaquino, opositor al actual gobierno, por tres años de cárcel tras los cargos que impuso el oficialismo de compra irregular de vehículos usados. Horas después se fijó un nuevo proceso judicial en su contra tras designaciones ilegales de funcionarios ediles entre 2007-2009, por la omisión de la acreditación de títulos universitarios. Por lo que se estima quede inhabilitado para ejercer cargos públicos.

También está acusado ante la justicia, y con reclusión preventiva, el alcalde de Sucre Jaime Barrón. Este ex líder del Comité Interinstitucional de Sucre, ha sido acusado de haber instigado actos de violencia y humillación de indígenas afines al oficialismo el 24 de mayo de 2008, en la plaza principal de esa ciudad.

También de haber organizado protestas contra el Ejecutivo y la Asamblea Constituyente por oponerse a que se discuta la posibilidad de que Sucre recupere su condición de capital plena frente a La Paz, que es la sede del Gobierno.

Ambos denunciados han negado categóricamente su participación en los hechos en que se les involucra, y han afirmado que las demandas judiciales contra ellos esconden una «persecución» de parte del Gobierno de Evo Morales.

Estas acusaciones han sido negadas por el gobierno de Morales, el cual ha restado importancia al asunto y asegura que se está actuando de acuerdo a la ley.

Sin embargo, no son los únicos opositores en esta situación,  también se encuentran en proceso el Gobernador de Tarija y de Beni con 55 acusaciones, cuyo juicio comienza este lunes 29 de noviembre.

Lo anterior ha generado una reacción de la oposición democrática, que ha denunciado ante foros internacionales la pretensión gubernamental de liquidar a sus miembros desde los tribunales de justicia. Denunciando la situación de persecución política y judicialización contra altos dirigentes políticos de oposición, alcaldes, gobernadores y, últimamente, extendida a senadores y diputados de la oposición. Lo que se viene a sumar a los juicios de responsabilidades contra tres ex presidentes en el 2007, y a la reciente condena por injurias, calumnias y difamación en contra del ex Mandatario  Jorge Quiroga.

Como consigna el diario El País «el gobierno está luchando por el control total del poder político». Pero ésta vez el gobierno podría enfrentar problemas internos, ya que Joaquino fue electo el pasado mes de abril por mayoría absoluta y se están organizando pequeños grupos para demostrar su molestia ante los hechos, declarándose hasta una huelga de hambre entre sus adherentes.

Por ello, el analista político Carlos Cordero señala que el malestar ciudadano en Sucre y Potosí por la situación de los dirigentes opositores podría ocasionar una pérdida de legitimidad y una devaluación de la autoridad de Morales, que lo podría perjudicar en las elecciones de 2014[1].

A su vez, más allá de las posibles consecuencias en la popularidad del Presidente masista, la recurrencia de estos hechos pone en tela de juicio la independencia y autonomía de los órganos del Estado, en especial del Órgano Judicial. Debilitándose el Estado de Derecho que permite evaluar a un país como democrático.