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A esta conclusión  se llegó en la  Quinta Conferencia Centroamericana de Finanzas, realizada en la ciudad de  San José de Costa Rica,  entre el 25 y 27 de agosto pasado. Dicha conferencia reúne inversionistas de Europa y Estados Unidos y a sus clientes de Centroamérica.

En esta misma línea, se refirió al tema la Asociación de Microfinanzas de Nicaragua (ASOMIF),  la cual concluyó que el país centroamericano representa una «amenaza» para la inversión extranjera, lo cual evita la llegada de U$ 70 millones destinados a las microfinancieras.

Según apuntaron los inversionistas internacionales, el riesgo de perder dinero es mayor en el sistema microfinanciero nicaragüense, debido a tres cuestiones fundamentales: los denominados «movimientos de no pago»; la acefalía de una ley de microfinanzas que regule los mecanismos entre los pares extranjeros y los nicaragüenses y, fundamentalmente, al riesgo político que el gobierno de Ortega significa para la inversión.

Este punto es fundamental, ya que para atraer a la inversión privada es necesaria la existencia de un Estado de Derecho donde se respete la ley, donde se respete las instituciones y donde el inversionista sienta que su inversión es «segura y rentable», tal como afirma el ex Presidente del Banco Central de Nicaragua, Noel Ramírez. La ex autoridad también observa que sólo a través de la inversión privada se puede «generar más empleo productivo  y esa es la mejor política social que un gobierno de puede ofrecer»[i].

Sin embargo, contrariamente a estas supuestos básicos para lograr un desarrollo del país nicaragüense, el gobierno sandinista ha venido arremetiendo en contra de los equilibrios de poder que una sana democracia requiere para sobrevivir: concentra «groseramente el poder en el ejecutivo (.) transforma a los parlamentos en meros que se limitan a legitimar- sumisamente- lo que les envía el ejecutivo» además de «manipular» el poder judicial[ii].

Otra cuestión que resulta también preocupante, es la relacionada con los «movimientos de no pago», los cuales son apoyados abiertamente por el gobierno. Estos pretenden «aprovechar  las circunstancias para no pagar sus deudas, las cuales ascienden a más de 20 millones de dólares»[iii]. Se afirma que, «a cambio de que el gobierno compre sus deudas, estos movimientos han ofrecido votar por el partido  Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)»[iv] del ex guerrillero y actual Mandatario de la nación, en las elecciones generales a realizarse el 2011.  En este sentido, se llegaría a un problema mayor, ya que se metería las manos políticas en un tema económico y productivo.

Por su parte, Juan Carlos Gómez, gerente de investigación para Latinoamérica de la financiera Incofin, aseguró que este tema fue manejado por el gobierno «con una ligereza increíble» y que este «debió haber sido desde el comienzo mucho más fuerte y formal [para] enfrentar este tipo de movimientos que lo que hacen es deslegitimizar la actividad de las microfinanzas»[v].

Si la administración sandinista llegase a ceder ante este ofrecimiento electoral, se produciría una suerte de «clientelismo político», ya que supondría una compra de votos por parte del sandinismo en desmedro de la institucionalidad democrática.

Sin embargo, se aprecia que el gobierno parece inclinarse más bien por la estrategia opuesta, ya que Ortega no  se ha mostrado contrario a rechazar y combatir a este tipo de movimientos que llevan al país, tan fuertemente golpeado por la pobreza, a un retroceso sistemático.  Sin embargo, esto no debiera sorprender al común de la gente ya que, como afirma el ex Embajador argentino, Emilio Cárdenas «todo vale en Nicaragua»[vi].