Por Geovanni Contreras y Alex Fernando Rojas

 

El anuncio lo hizo Morales tan sólo dos días después de que Velásquez, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la fiscal General, Thelma Aldana, presentaran evidencias de que Jimmy Morales pudo haber incurrido en el delito de financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015.

Ese hecho no dejó dudas de que el mandatario, acorralado por los señalamientos y la solicitud de antejuicio en su contra, procediera en contra de Velásquez, con argumentos que fueron cuestionados por expertos, por varias razones y contradicciones.

La desconfianza en las palabras del presidente llegó, inclusive, a la comunidad internacional, la cual puso en duda la credibilidad del gobierno en la lucha contra la corrupción.

Abrir un frente con la comunidad internacional y países donantes significa, y ya lo han declarado sus representantes, condicionar la ayuda económica al país.

Como era de esperarse, el presidente acudió al refugio de una cámara, para evitar ser cuestionado y como lo ha hecho durante toda la semana última, evita ofrecer conferencias de prensa y responder a la población a través de los medios de comunicación.La estrategia de comunicación de la Presidencia también se vale de cuentas falsas y de dudoso origen -por la fecha de creación, inactividad o tuits genéricos- que inundaron las redes sociales para intentar convertir la polémica en una lucha de ideologías.

La protección de la soberanía del país fue el principal argumento de Morales para justificar la decisión de expulsar a Velásquez. También acusó a los medios de comuicación de ejercer presión mediática en algunos temas sensibles y aseguró que es él el único que dirige la política internacional, sin que “ningún tribunal nacional tiene el respaldo constitucional para injerir en las decisiones del presidente, en dicha política”.

Contradicciones

Morales afirmó que Velásquez presionó a diputados para que que aprobaran las reformas constitucionales, cuando una de las quejas la hizo el diputado Fernando Linares Beltranena hace varios meses, y el gobernante no dijo nada, sino que lo hace a los dos días de que se presenta un antejuicio en su contra.

Morales abogó, en un principio, por las reformas constitucionales, incluso, la iniciativa tiene su nombre porque la presentó como jefe del Ejecutivo, junto a los presidentes de los otros dos organismos y participó en la presentación pública del documento, en el salón Pasos Perdidos del Congreso.

Varios diputados, principalmente Beltranena, se opusieron y poco a poco el Legislativo dejó las reformas segundo plano. Ahora el presidente tácitamente también las abandona.

En el Congreso, queda en manos de los diputados el futuro penal de Morales. Es en esa instancia donde se conocerá su proceso de antejuicio y, a la luz de las horas recientes, el Legislativo se ha dividido en criterios.

Asimismo, el mandatario, muchas veces a través de su vocero, Heinz Hiemann, siempre dijo acatar las resoluciones de la CC, pero esta vez todo apunta a que este no será el caso.

El argumento de que el comisionado supuestamente se salió de su mandato, por lo de las reformas constitucionales, es tardío, y coincide por la petición de antejuicio en su contra, coinciden expertos.

Morales también dice que no es por asuntos personales, pero cuando comenzó el proceso contra su hijo y hermano, fue notorio el distanciamiento de la CICIG al afirmar que no defendería a nadie, en referencia a los ataques contra Velásquez.

Renuncias

El canciller Carlos Raúl Morales fue removido desde la mañana, lo que apuntaría a que no estuvo de acuerdo con la decisión del presidente.

Siguió la renuncia de la viceministra de Relaciones Exteriores, Anamaría Diéguez; la ministra de Salud, Lucrecia

Hernández Mack, y sus tres viceministros.

Hernández fue enérgica en cuanto a sus razones, al expresar: «Se vuelve ética y políticamente inviable continuar con plan de salud, en un gobierno que termina favoreciendo impunidad y actores corruptos».

También renunció Enrique Godoy, representante del presidente ante el Instituto de Fomento Municipal (Infom) y ante el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom). «No me siento cómodo con la decisión del presidente», expuso.

Otro resbalón en la jornada del presidente fue que nombró y juramentó de inmediato canciller a Sandra Jovel, quien tiene un proceso abierto por un caso de adopciones ilegales donde habría falsificado documentos y precisamente hoy debe presentarse a un Juzgado para saber si enfrentará juicio.

Morales comenzó a perder el apoyo de su Gobierno desde el jueves, cuando la procuradora General de la Nación, Annabella Morfin, hizo público su respaldo a Iván Velásquez. Ayer Morfin firmó un comunicado donde pide al presidente que reconsidere su decisión.

Sin la abogada del Estado, Morales habría buscado asesoría legal afuera, y ayer durante la tarde se pudo observar a abogados llegar al Palacio. Una fuente confió que buscaban la estrategia legal para no acatar la resolución de la CC, pero también para el explorar la posibilidad de decretar un estado de Sitio.

Amparos y protestas

La sombra de un estado de Sitio está en el ambiente, extremo que preocupa a varios sectores. Por eso diputados del bloque Convergencia buscan el amparo de la CC para evitar que se limiten las garantías constitucionales.

Grupos estudiantiles, civiles y líderes indígenas han anunciado que desde hoy comenzaran una oposición y manifestaciones públicas, incluso se espera bloqueos carreteros en espera que Morales  reconsidere su postura.

 

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Publicado originalmente en PrensaLibre (Guatemala), el 28 de agosto de 2017