Venezuela: IPYS Venezuela: “Se han generado 203 alertas contra la libre expresión”

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela informó que al menos 203 alertas contra la libertad de expresión se han presentado durante el año 2015 en ese país.

El organismo defensor de la libertad de expresión explicó que la cifra registrada corresponde al período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de este año.

Informó que al menos 29 casos corresponden a declaraciones agraviantes por parte de entes del Estado que atentan contra defensores de Derechos Humanos, periodistas y medios de comunicación.

IPYS explicó que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, ha protagonizado 12 de estas agresiones vinculadas a la categoría “Uso abusivo del poder estatal por declaraciones agraviantes” durante su programa Con el Mazo Dando transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En relación con esto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó este miércoles que a través de la televisión pública de Venezuela se critique, condene y difame a los defensores de derechos humanos de ese país.

Un grupo de expertos en esa materia lamentó los intentos por desacreditar e intimidar a los defensores de Derechos Humanos, y criticaron que el régimen de Nicolás Maduro utilice los medios de comunicación “de todos los venezolanos” para ejercer persecución política sobre las ONG del país suramericano.+

Los expertos también criticaron la actuación del Gobierno de Venezuela al tratar de evitar que los activistas se relaciones con órganos regionales e internacionales, pues aseguran que eso “contraviene directamente el Derecho Internacional”.

Inti Rodríguez, coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), dijo a PanAm Post que la organización a la cual representa considera un acto ” muy valioso” el hecho de que la ONU se pronunciara a favor de las ONGs venezolanas, luego de que han sido insistentes en denunciar el abuso de poder y las violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno Nacional, pero sobretodo del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Diosdado Cabello, el mal ejemplo…

El organismo internacional en su comunicado hizo referencia específica al programa Con el Mazo Dando, conducido por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien de acuerdo con la ONU, utiliza ese espacio para agredir y difamar a la disidencia.

“Cabello sale al aire haciendo acusaciones contra activistas de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil, con el aparente fin de intimidarlos”, dicen los expertos.

De igual modo, denunciaron específicamente dos ocasiones en las que Cabello tomó “represalias televisadas injustificables: “El 11 de febrero y el 18 de marzo de 2015 varios defensores de Derechos Humanos y sus organizaciones fueron señalados y difamados en el programa Con el Mazo Dando, antes y después de su participación en las audiencias sobre Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2015″, señalaron.

Asimismo, criticaron que el 1° de julio de 2015 el programa hizo comentarios despectivos contra varios miembros de la sociedad civil y sus organizaciones, tras su colaboración con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, durante la revisión del cuarto informe periódico de Venezuela.

El representante de Provea explicó a PanAm Post que desde que acudieron a Ginebra para denunciar ante la ONU las violaciones a derechos civiles y políticos por parte del Gobierno venezolano, las agresiones a través de los medios de comunicación se han intensificado.

Impunidad y dependencia de Poderes

Recientemente PanAm Post publicó un artículo en relación con un informe elaborado por IPYS Venezuela, en el cual se establece que Cabello, a través de su programa — entre junio y noviembre de 2014 — agredió a 165 personas y organizaciones por supuestos delitos y acciones que calificó de irregulares; violando expresamente las leyes, sin obtener sanción alguna por parte de los entes judiciales.

El pasado mes de mayo, Provea demandó ante la Fiscalía venezolana al presidente de la AN por interceptar y difundir comunicaciones privadas de representantes de las organizaciones no gubernamentales.+

Rodríguez informó a PanAm Post que desconocen si las investigaciones en contra de Cabello iniciaron, pues Provea no ha recibido notificación alguna. Explicó que aunque ya el ente judicial ha debido citar a las partes involucradas, aún ese paso no se ha cumplido.

Del mismo modo, Rodríguez denunció que en Venezuela el índice de impunidad es muy alto y que la omisión que obtienen por parte del Ministerio Público es la misma que viven los venezolanos.

Aseguró que los órganos de administración de justicia no están dando respuesta a las demandas ciudadanas; explicó que eso obedece a la “frágil institucionalidad democrática” en el país y la “ausencia de Poderes independientes”.

“Nosotros tenemos demandas interpuestas ante el Tribunal Supremo de Justicia que datan de hace dos años, y aún no han sido admitidas”, explicó Rodríguez, y aseguró que eso ocurre tanto con las ONG como con los ciudadanos venezolanos.

“Los órganos de justicia venezolanos actúan para defender al Estado por encima de los derechos ciudadanos”, concluyó.

“El Estado deberá cumplir”

En relación con los resultados y observaciones de la ONU, originados por el examen efectuado a Venezuela por el Comité de Derechos Humanos de ese organismo internacional, Rodríguez informó que serán publicados esta semana.

Para el representante de Provea, “no queda duda que en el informe de la ONU quedará reflejado el desempeño precario y el poco cumplimiento del Gobierno de Venezuela en relación con el respeto a los derechos humanos”.

Rodríguez explicó que Venezuela deberá cumplir con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y asumir las observaciones que disponga la ONU en esa materia.

Si el Estado no lo cumple, cada incumplimiento genera responsabilidades políticas para los Estados e individuales para los responsables; además generará para los ciudadanos mecanismos para poder exigir que el Gobierno cumpla.

Fuente: Panampost