Chile: El autogol de la acusación constitucional

Un grupo de diputados de la Concertación presentó una acusación constitucional en contra del Ministro de Educación, Harald Beyer, por notable abandono de deberes, luego del caso Universidad del Mar. Si bien se enuncian varias causas, la principal es la supuesta omisión por parte del Ministro del cumplimiento de sus obligaciones, particularmente la de “fiscalizar las actividades de su respectivo sector”. Cabe mencionar que la mayor parte de la evidencia en que se apoya esta acusación proviene del Informe de la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados, el cual fue rechazado, así como también de recortes de prensa que constituyen más bien opiniones y no hechos comprobados. Pues bien, parece necesario tener presente los antecedentes objetivos en este caso.

Por una parte, en educación escolar no sólo se ha puesto en funcionamiento la Superintendencia y la Agencia de Calidad, sino que los números en materia de fiscalización y aplicación de sanciones ha aumentado de manera significativa. En efecto, si el año 2009 se fiscalizaron 16.500 colegios, el año 2012 se aumentó a 33.700, lo que ocurrió también en las sanciones aplicadas, donde se pasó de 940 en 2009 a 4.150 en el año 2012. Por otro lado, en materia de educación superior, el Gobierno –por primera vez- incorporó una glosa especial en la Ley de Presupuestos 2012, en que se exigió a todas las instituciones de educación superior, la entrega de sus estados financieros con el objeto de dar transparencia al sistema. Junto con lo anterior, acaba de ser aprobado en general en la sala del Senado el proyecto de ley de Superintendencia de Educación Superior presentado en noviembre de 2011, que permitirá aumentar las fiscalizaciones en las instituciones y regular las operaciones entre personas relacionadas. Con respecto al bullado caso de la Universidad del Mar, es preciso recordar que la mayor parte de los hechos que dieron origen a la expansión de la matrícula de dicha casa de estudios ocurrieron durante los gobiernos de la Concertación. Si en el año 2002 la Universidad del Mar tenía 3.900 alumnos, el año 2005 ya contaba con más de 16.000 estudiantes.

Algunos parlamentarios han planteado ciertas dudas sobre la procedencia y conveniencia de la acusación. Dichas aprensiones dejan en evidencia no sólo la falta de fundamentos sólidos de la presentación aludida, sino además el riesgo político al que se expone la Concertación cuando comience la investigación sobre la gestión en educación en sus gobiernos, particularmente en el tema de fiscalización.

 

Columna de Constanza Hube, abogada del Programa Legislativo y Constitucional de LyD, publicada en Pulso (Chile), el 21 de marzo de 2013