La alternancia en el poder es uno de los requisitos principales de la democracia. Con ella se garantiza que diversas fuerzas y grupos sociales y políticos puedan acceder al Gobierno. Esa diversidad ayuda a garantizar otro rasgo central de la democracia: que exista independencia de poderes para que, entre otras cosas, ninguna persona esté por encima de la ley y así evitar abusos y violaciones a los derechos de las personas. Finalmente, el respeto al voto popular es otro de los pilares de los regímenes considerados democráticos.

Todos esos aspectos han sido puestos en riesgo por el actual Gobierno con su decisión de esta semana de intentar dar fin, mediante un curioso sofisma legal, con los límites a la reelección presentes en la Constitución Política del país. El primer elemento a considerar es que esa Constitución fue promovida y alentada por quienes están hoy en el poder. Esa aprobación incluso causó muertos y heridos, como los de La Calancha, en Sucre.

Para el oficialismo, el texto constitucional tiene (tenía, por lo visto) importantes avances e innovaciones que garantizan los derechos de las personas y los colectivos sociales. Ahora, de un plumazo, el Gobierno borra todo ello y se lanza contra su propia Constitución, señalando que ésta se contradice en sí misma y que viola los derechos establecidos en el Pacto de San José. El argumento del oficialismo, como ocurrió antes en Nicaragua, se basa en que limitar la reelección presidencial viola los derechos que poseen los mandatarios (además de alcaldes, legisladores y otras autoridades electas) en su calidad de «ciudadanos”. No tiene asidero alguno, pero cuando un régimen controla los poderes del Estado, todo es posible.

Aparte de atacar ahora a su propia Constitución, el Gobierno también desacata la soberanía popular. El voto de febrero de 2016 fue claro en expresar la decisión de los bolivianos de no aceptar una nueva reelección de Evo Morales para el período 2020-2025. El oficialismo se entercó en convocar al referendo del 21F y lo perdió. No puede un Presidente que se dice demócrata desconocer el voto.

También el régimen se desdice de lo que afirmó en 2016: que la reelección sí era posible, pero mediante una reforma constitucional. Al ir al referendo del año pasado, el MAS lo que hizo es señalar que el artículo 168, que limita la reelección, era válido. Hoy señala, extrañamente, que ese artículo constitucional es inconstitucional. No se puede sostener esa enorme falacia.

Otro asunto clave aquí es que el Tribunal en 2013 ya estableció la «constitucionalidad” del artículo 168 de la CPE que ahora se busca reformar. En ese momento aprobó un fallo mediante el que autorizó el tercer período de Morales y al hacerlo declaró que ese artículo está vigente y es constitucional.

En las manos de los magistrados del Tribunal Constitucional está una decisión crucial para el futuro de la convivencia pacífica entre bolivianos y la mantención de las libertades democráticas del país.

Esos magistrados sin duda son afines al oficialismo, pero antes de ellos tienen una ética a la que se deben, además de haber jurado defender la Constitución y las leyes. También es obvio que el oficialismo usará todos los medios posibles para presionar a esos jueces y darles los alicientes que sean necesarios. Pero todos ellos deben saber que sus actos serán juzgados con severidad una vez que el régimen actual termine. Es posible que, para zafarse del problema, acepten las presiones gubernamentales, pero todo cambia y sus decisiones de hoy deberán defenderlas también en un futuro.

Bolivia está ante una encrucijada de gran trascendencia. La ciudadanía, las fuerzas políticas y los movimientos sociales no pueden permitir que la democracia que nos cuesta construir se vea vulnerada. Los proyectos políticos, por importantes que sean o se arroguen ser, deben sujetarse a las reglas del juego democrático, una de cuyas máximas es la temporalidad del los mandatos y la alternancia.

El Presidente sostiene que su vida ya no es suya, sino del pueblo, en un claro eufemismo para pretextar que si los movimientos sociales que le son afines lo deciden, se quedará indefinidamente en el poder. Hay que recordar que la democracia participativa tiene al voto como genuina expresión, y en el referendo, convocado por el propio Mandatario, ya dijo que aunque lo aprecia y valora mucho, no quiere que se continúe repostulando. Así de claro.

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Publicado originalmente en Página Siete (Bolivia), el 24 de septiembre de 2017