Nicaragua: Autodefensas contra narcos en México

Editorial El Colombiano

 

La situación de orden público en México desde hace algunos años hacia acá es alarmante. El embate del narcotráfico desbordó la capacidad de respuesta del Estado, y aparte de la violencia exacerbada y de la infiltración corrupta a diversos organismos de seguridad, el jaque a la institucionalidad deriva de la situación a la que se ven enfrentadas amplias capas de población, inermes ante el fuego cruzado de los carteles de la droga y las bandas de sicarios.

A muchos mexicanos les irrita la comparación de su penosa situación con la de otros países. Con Colombia, en particular, nada de “colombianización” como criterio ilustrativo para señalar semejanzas y riesgos.

Sin embargo, ahora tienen un nuevo actor en la crudelísima guerra contra el narcotráfico (que muchos analistas y exgobernantes de allí juzgan como inútil) y que añadirá mayor complejidad al ya de por sí irresoluble panorama: las autodefensas.

Ya se habla de por lo menos 14 grupos en siete estados, que han surgido con el objetivo de protegerse de la acción de los traficantes de drogas, ante la evidente incapacidad del Estado para ofrecer protección a la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

Incapacidad para controlar la situación de violencia que ha hecho que la comunidad, pensando en su seguridad inmediata, acoja de buena gana a estos grupos que comienzan a fortalecerse. Y de esa fortaleza deriva su mayor riesgo.

En el análisis sociológico, en la elaboración teórica de los escenarios de solución a una crisis, puede sonar lógico que una comunidad que tenga que enfrentar ella sola, sin una presencia estatal vigorosa, la muerte y humillación, la extorsión, el secuestro y el pillaje por parte de un actor armado ilegal y violento, quiera autodefenderse.

Tal fenómeno se ha vivido en numerosas naciones, con criterios que van desde lo económico hasta lo político y religioso. Y en todos los casos es la demostración palpable de una ausencia del Estado para brindar a sus ciudadanos la seguridad y plena vigencia de sus derechos.

La cuestión es que es muy débil la línea que históricamente separa una labor de autodefensa, de la conformación de un aparato paramilitar. Por ello, al cruzarla, por las dinámicas que adquiere el conflicto, tales grupos suelen terminar convertidos, como sucedió en nuestro país, en estructuras organizadas de naturaleza criminal que entran a disputarse el control territorial y las rentas derivadas del trabajo de las personas.

Porque también es delgada la línea entre un primitivo derecho de autodefensa cuando no hay poder legítimo que evite las agresiones injustificadas, a la aplicación de la “justicia” por propia mano. La una comienza con un sentido de protección de la vida y de los derechos de la población a su integridad personal y patrimonial, y la otra degenera en un factor de poder ilegítimo, con intereses distintos a la misma autoprotección.

El surgimiento y desarrollo de tales grupos, bajo modalidades de grupos de civiles armados, policía comunitaria, cooperantes, asociaciones de vigilancia, puede terminar por deteriorar la estabilidad institucional, en el caso mexicano, ya bastante lesionada en muchos de sus estados, ante casos probados de vinculación de dirigentes políticos y de sectores de las autoridades con los carteles de la droga.

Por ello, conocido lo que hemos vivido en Colombia, el caso mexicano no puede despertar sino motivos de preocupación en torno a la espiral de violencia que puede generar.

 

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Publicado originalmente en El Colombiano, el 13 de enero de 2014.