Uruguay: Atropello a la soberanía popular

María Fernanda Muñoz M.*

Tensión y reacciones negativas ha generado en el oficialista Frente Amplio (FA) la aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, en funcionamiento desde diciembre de 1986, que deroga tres artículos que impedían juzgar a militares y policías que perpetraron actos de violación a los derechos humanos durante la dictadura llevada a cabo entre 1973 y 1985. Esto ha suscitado un extenso debate en cuanto a la representación de la sociedad, sobre todo si consideramos que esta ley fue sometida a escrutinio público mediante plebiscitos en dos ocasiones en donde la gente, en ambos, votó a favor de la normativa.

La norma que modifica la también llamada Ley de Impunidad, abre las puertas a la realización de juicios contra militares y policías relacionados con crímenes de lesa humanidad en la dictadura, fue aprobada en el Senado, el pasado 13 de abril, por 16 votos a favor, todos del Frente Amplio, versus 15 en contra. Aún debe ser ratificada en la Cámara de Diputados de donde surgió, además de la realización de modificaciones menores efectuadas en el Senado y la promulgación por parte del presidente José Mujica (FA).

A pesar del triunfo del partido oficialista, la eventual anulación de la norma ha traído importantes conflictos internos. Esto se manifestó en una expulsión, una excusa con licencia médica para no asistir a la votación y la renuncia de uno de los fundadores del FA, Eleuterio Fernández Huidobro, además de otro que ha manifestado haber votado por obligación y disciplina partidaria. El motivo de este desacuerdo se da porque el FA siempre luchó por la derogación a través de la convocatoria a plebiscitos, los que  efectivamente se realizaron, siendo derrotados en ambas oportunidades.

El primer plebiscito se realizó el año 1989 en donde un 56,7% vota a favor de la ley, contra un 41,84% de rechazo; y 10 años después, el 2009, se vuelve a realizar una consulta pública que da como resultado un 53% de continuidad y un 47% de rechazo. Más grave se torna aún al ver que el último plebiscito, que arroja el mismo resultado, se realizó hace sólo 2 años, lo que manifiesta un deseo generalizado de la población de mirar hacia adelante. Así lo ha manifestado también el presidente Mujica quién a pesar de no estar tan de acuerdo con la norma derogatoria, ha seguido los pasos de su coalición para no generar más fraccionamiento. Además Mujica ha sido tajante al decir que, a pesar de las presiones de muchos, no usará un veto presidencial pues no comparte esa forma de gobernar.

El problema de esto es que si bien podemos considerar que el parlamento es un organismo representativo para la ciudadanía, no hay nada más representativo que la ciudadanía misma. A pesar de que en Uruguay no hay diferenciación entre leyes fundamentales y leyes comunes, lo que no le da a los plebiscitos un carácter vinculante ni un gran poder, la soberanía popular es la madre de toda la institucionalidad democrática y es correcto respetarla.

La declaración de ilegitimidad de la Ley de Caducidad pasa por sobre la materialización más clara de representación directa, un plebiscito que, por si fuera poco, ha sido realizado dos veces entregando un resultado que recae en lo mismo. Esto puede ser perjudicial para la credibilidad tanto interna como externa de la coalición oficialista, dañando así la institucionalidad y la democracia.

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* Cientista Político de la Universidad Católica de Chile, Investigadora de LatinoamericaLibre.