En medio de las negociaciones por un acuerdo para aportar datos sobre los sobornos pagados en la Argentina, la Justicia allana desde este mediodía la oficina de Odebrecht y de sus socios en la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas.

La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello , que instruye la causa que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato por $2700 millones provisto por Aysa, la empresa pública de aguas. El magistrado también ordenó allanamientos a las sedes de Benito Roggio SA, Supercemento SA y Cartellone Construcciones, informaron fuentes judiciales.

Los oficiales de la policía ingresaron este mediodía a las oficinas de Odebrecht en esta ciudad, en el piso 32 de un edificio en Leandro N. Alem al 800, pleno microcentro porteño. El procedimiento comenzó prácticamente al mismo tiempo que se iniciaba la reunión entre los abogados de la empresa y el ministro de Justicia Germán Garavano para intentar llegar un acuerdo para aportar información sobre los U$ 35 millones de sobornos pagados en la Argentina.

Minutos después de que comenzó el allanamiento, Odebrecht emitió un comunicado en el que «reafirma su posición en colaborar con la Justicia». «La empresa espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente», señalaron los brasileños.

El fiscal Federico Delgado ofreció ayer a la empresa aportar datos a la Justicia bajo la figura del arrepentido. La propuesta, que tiene una vigencia de cinco días, por ahora no fue ni aceptada ni rechazada por la empresa, aunque desde la compañía pretenden que sus ejecutivos sean eximidos de cualquier proceso penal en el país, situación que no está contemplada por la ley de nuestro país.

La Justicia ya detectó varias inconsistencias en la licitación que ganó Odebrecht en enero de 2008 por la construcción de la planta potabilizadora «Paraná de las Palmas». Cuatro meses después de haberle adjudicado el contrato, sin mediar modificaciones en las condiciones, Aysa implementó una ampliación en el presupuesto por otros $ 400 millones.

Los incumplimientos de la empresa durante la ejecución del contrato le costaron a la empresa unos $32 millones por multas, como reveló LA NACION. ¿Cuál fue el motivo? Odebrecht registró fuertes retrasos. Tal como figuraba en el contrato, Aysa aplicó una multa diaria de $90.802 a la empresa que se transformó, al cabo de 15 meses, en $32 millones, según los documentos oficiales.

Planta del Bicentenario

El allanamiento ordenado por Casanello se extendió también a las sedes de Camargo Correa y Esuco SA, empresas que participaron otra de la licitación para la construcción de una planta potabilizadora de agua en Berazategui, un contrato por $487 millones. En la Justicia bautizaron estas obras como las licitaciones «mellizas», por una serie de coincidencias entre los actores que participaron de los procesos que despertaban sospechas.

Los mismos actores investigados en Brasil por el Lava Jato se repitieron curiosamente en estas licitaciones «mellizas». Las empresas: Odebrecht y Camargo Correa. El financiamiento: el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes). ¿Indicios? Llamativas readecuaciones de precios, cartelización de los oferentes y la ampliación de plazos de obra. Todo eso con Aysa, la empresa pública de aguas, bajo la lupa.

Como ocurrió con la obra de Odebrecht, Camargo Correa y Esuco gozaron de una redeterminación de precios por $ 93 millones en la planta de Berazategui, que llegó tres meses después de la licitación. En total, la obra costaría, entonces, $ 580 millones.

Camargo Correa es otra de las empresas que están bajo la lupa en Brasil por el Lava Jato. De hecho, por estos días sus ejecutivos negocian con la justicia brasileña acogerse al sistema de «delación premiada» para colaborar con las autoridades a cambio de una reducción de su pena, informaron fuentes judiciales.

¿Con quién compitió en la licitación? Con Electroingeniería SA. El juez brasileño Sergio Moro, que instruye el megacaso Lava Jato, determinó hace un mes que Electroingeniería pagó sobornos a través de intermediarios de ese país para concretar la compra de Transener SA a Petrobras. Entre los nombres mencionados como los funcionarios receptores de sobornos aparece De Vido.

 

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Publicado originalmente en La Nación (Argentina), el 24 de mayo de 2017