Latinoamérica Libre

 

Con ocasión de la celebración de un foro latinoamericano de reflexión  sobre democracia, libertad y propiedad privada en Venezuela, Mario y  Álvaro Vargas Llosa, así como el excandidato presidencial Joaquín Lavín fueron retenidos al arribo al país. Todos fueron advertidos por las autoridades que por ser extranjeros «no tenían derecho a hacer declaraciones políticas».

En palabras de Álvaro Vargas Llosa «hablar de libertad política, de libertad económica, se ha vuelto un acto subversivo en Venezuela». Estos hechos nos llevan a cuestionar si existe una democracia real en Venezuela.

Entre las muchas definiciones de democracia que han sido propuestas, es especialmente útil el concepto de democracia, propuesto por Robert Dahl (1998). Este señala que la democracia debe satisfacer seis criterios, que dotan de ciertos estándares que deben darse en los sistemas políticos efectivos  y en sus instituciones.

Las instituciones y condiciones para lograr un régimen democrático moderno deben ser: 1) Cargos públicos electos, a través de una participación efectiva; 2) Existencia de elecciones libres, limpias y periódicas; 3) Ciudadanía inclusiva, que tengan derecho a competir por los cargos públicos; 4) Libertad de expresión; 5) Existencia de fuentes alternativas de información; y, 6) Libertad de asociación y organización, como partidos políticos y grupos de intereses.

Los atributos  1 a 3 nos dicen que un aspecto básico de la democracia es que las elecciones son incluyentes, limpias y competitivas. Los atributos  4 a 6 se refieren a derechos políticos y libertades civiles que son mínimamente necesarias, no sólo durante los comicios sino especialmente entre ellos, para que las elecciones sean limpias y competitivas y la voz de los ciudadanos no sea escuchada sólo para las elecciones. De esta manera, según estos criterios, Venezuela no sería una democracia en la actualidad.

Los ciudadanos, en democracia, tienen derecho a expresar lo que piensan, sobre cuestiones políticas, que incluyen críticas al gobierno, al régimen, es decir, es una capacidad de la sociedad de fiscalizar al estado y al gobierno, sin peligro de sufrir castigos severos. Sin embargo, esto no está ocurriendo en Venezuela, sino que los derechos políticos, las libertades civiles y la libertad de prensa se han afectado desde el ascenso al poder de Hugo Chávez en 1999.

Es así como la organización Freedom House califica, actualmente, a Venezuela como un país semidemocrático.  Desde que asumió el poder en 1999, la evolución democrática se ha visto afectada, de ahí que Venezuela perdió su calificación de país Libre, especialmente por la transgresión de las libertades civiles. Además esta organización ve con inquietud las actuaciones del presidente venezolano, Hugo Chávez, a la hora de intentar expandir sus ideas del «socialismo del siglo XXI» a otros países de la región.

 

 

 

De esta forma, la libertad de prensa es una condición para que el proceso electoral sea democrático y, en particular, para que sea realmente competitivo, y esto no se está dando en este país. Especialmente desde el año 2003, donde Venezuela figura entre «los países sin libertad de prensa» en el informe anual de la organización no gubernamental Freedom House.

En este orden de cosas, cada vez más se dificulta la existencia de fuentes alternativas de información. A pesar que «a principios de la presidencia de Chávez existía una casi absoluta mayoría de canales privados de televisión hostiles a su gobierno, desde entonces Chávez ha logrado que la balanza se incline a favor» (Human Right Watch, 2008). El Presidente utiliza arbitrariamente los medios de comunicación estatales y se encuentra en continuo conflicto con los medios privados. A través del abuso de la cadena nacional y de su programa de radio y televisión que conduce personalmente, llamado «Aló, Presidente» donde el mandatario cuenta anécdotas personales, designa y remueve funcionarios, anuncia políticas de Estado y critica a la oposición.

Es así como uno de los hechos más controvertidos ocurrió en mayo de  2007, con el cierre arbitrario deRadio Caracas Televisión (RCTV). Este hecho encerraba un objetivo estratégico, porque RCTV era el único canal opositor que transmitía con cobertura nacional. Dejando en evidencia las motivaciones políticas que se escondían tras la apariencia de «fin de la concesión» amparada dentro de la legalidad.

Los dardos oficiales hoy apuntan contra Globovisión, que es el único canal de televisión de oposición en Venezuela en señal abierta. Se le investiga bajo cargos de incitar al «pánico y ansiedad» durante un terremoto menor cuando crítico al gobierno por su respuesta lenta.  Siendo éste el último contrapeso a la televisión estatal, que sólo elogia a Chávez a la vez que ataca a la oposición.

Es así como en Venezuela las instituciones mínimas que conlleva la protección de los derechos políticos y