Historia Política Reciente

La historia política y social de Nicaragua ha sido convulsionada. Tras varias escaladas de conflicto de la guerrilla en el país y de inestabilidad política, recién el 7 de agosto de 1987 se firmó el Acuerdo Esquípulas II para promover el acuerdo de paz y de alto al fuego. En este escenario, los diez años del gobierno sandinista (1979-1990) son considerados el inicio de la transición hacia la democracia en el país o, al menos, una primera etapa de la misma. Este proceso tendría su punto álgido con la llegada al poder de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, en las que se ha considerado las primeras elecciones democráticas del país.

Durante su gestión, los Contras (grupos armados antisandinistas) anunciaron un alto al fuego, poniendo fin así a una violenta guerra civil de diez años. Sin embargo, el septenio de Chamorro discurrió entre graves disensiones políticas y una calamitosa situación económica y social, fruto de una década de bloqueo comercial por Estados Unidos, los estragos de la guerra civil y los propios fracasos de la gestión sandinista, imponderables que limitaron su margen de maniobra y terminaron minando su autoridad.

Chamorro no se presentó a la reelección y Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) volvió a ser derrotado en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 1996 por el derechista Arnoldo Alemán Lacayo, líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y de la Alianza Liberal (AL), fuerzas pioneras en las censuras a Chamorro dentro de la extinta Unión Nacional Opositora (UNO) y, por ende, muy hostiles al sandinismo. Alemán se adjudicó la mayoría parlamentaria y el 51% de los votos frente al 37,7% de Ortega, haciendo innecesaria la segunda vuelta.

Según las encuestas de popularidad, existía un profundo descontento con las políticas económicas de Alemán, lo que fue demostrado en 1999 con una ola de protestas sindicales y disturbios callejeros. A comienzos de 2000 se registró una reducción sustancial del déficit presupuestario, hasta el 35%, pero a cambio la inflación se duplicó al 10%, mientras que el desempleo se mantuvo en cifras muy altas. Por su parte, el gobierno de Alemán estuvo plagado de denuncias por corrupción.

En este ambiente, durante 2001 se realizaron las elecciones presidenciales y legislativas. Tanto el FSLN como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) superaron ampliamente sus votaciones históricas y no hubo otros partidos relevantes que compensaran la polarización de voto de ambas organizaciones, de manera que el bloque antisandinista volvió a convocarse en contra de Daniel Ortega. El 4 de noviembre, Ortega, con el 42,3% de los sufragios, fue derrotado ante Enrique Bolaños Geyer (2001-2006) por 14 puntos de diferencia.

El FSLN había elevado su representación a los 43 escaños, pero su capacidad de influir en los trabajos legislativos estaba más mermada porque el alemanista PLC había alcanzado justo la mayoría absoluta, 47 escaños.

Sin embargo, este escenario sufrió importantes cambios. El ex Presidente Alemán debutó como diputado de la Asamblea con carácter vitalicio y protegido por el fuero inherente al cargo, pero en agosto de 2002, el ex presidente fue formalmente acusado de lavado de dinero, asociación para delinquir y malversación de fondos en perjuicio del Estado.

El Presidente Bolaños, con el apoyo del FSLN, exigió el desafuero de su predecesor. Esto lo llevó a quedarse sin partido político que lo representara y respaldara en la Asamblea Nacional, con el correspondiente desgaste de su imagen presidencial. Este escenario político obligó a Bolaños a negociar con el FSLN.

Pese al bloqueo político desde el Parlamento, logró el apoyo de varios legisladores del PLC, con los que constituyó una bancada “Azul y Blanco” y la constitución posterior del partido político, la Alianza por la República (APRE). De esta forma se alteró en un mínimo porcentaje la correlación de fuerzas en el recinto Legislativo.

Finalmente, el ex presidente Alemán fue puesto bajo arresto y condenado a veinte años de cárcel. Desde ese momento, su partido -Liberal Constitucional- fue objeto de importantes niveles de desprestigio y falta de credibilidad, lo que fortaleció como contrapartida, al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La administración de Bolaños fue descendiendo en su popularidad debido a la grave crisis política y social que atravesó el país, a pesar de que se avanzó en estabilidad macroeconómica debido fundamentalmente al acuerdo alcanzado con el FMI (que condonó parte de la deuda externa). La lucha política en torno a la figura del ex presidente Alemán dominó el escenario político e institucional del país.

Destacan las características organizativas del FSLN. Los sandinistas tenían bajo su propiedad canales de televisión y de radio a través de los cuales desplegaron una intensa campaña, donde Ortega expresaba un discurso con un abanico de promesas, desde una política masiva de créditos y subsidios, hasta petróleo venezolano barato para abastecer Nicaragua. También trató temas morales, como el del aborto terapéutico, donde se alineó con sectores de la Iglesia Católica, con los que se había enfrentado anteriormente.

En este contexto, en 2006 fue reelecto Daniel Ortega Saavedra, ex presidente de la República (1984-1990) y líder del FSLN. Ese mismo 5 de noviembre, el FSLN recuperó también la condición de grupo con mayor presencia en la Asamblea, ya que logró 38 escaños; 25 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 22 de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y 5 del Movimiento de Renovación Sandinista.

Los factores que explican la vuelta de Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional al poder son diversos. Primero, la nueva Ley Electoral (2000) que estableció que se podía ganar el cargo de presidente con el 40% de los votos o con un 35% del sufragio, si es que la diferencia entre los dos candidatos mejor situados era superior al 5%. Es así como Daniel Ortega, sale electo con un 38% del sufragio, a pesar de ser el candidato que mayor rechazo generaba entre la población.


 

 

 

 

 

 

 

 

Otro factor fue el fraccionamiento del voto derechista, ya que los dos candidatos liberales sumaron 55,21% de los votos (29,0% ALN y 26,21% el PLC), más que el 38% del FSLN. Esta elección tuvo la particularidad de que no se polarizó en dos únicas opciones: sandinismo v/s antisandinismo, como ocurrió en las anteriores. El bipartidismo tradicional dio lugar a cuatro opciones fuertes: Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y la Alianza Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). La no concentración del voto en sólo dos opciones, como en todas las elecciones anteriores, favoreció al voto fiel y duro del FSLN, aún disminuido por la aparición del MRS.

La victoria de Daniel Ortega representó no sólo un nuevo giro a la izquierda de otro país de América Latina, sino también un acercamiento del dirigente nicaragüense al presidente venezolano Hugo Chávez. Esto queda rápidamente demostrado al segundo día de asumir, cuando anunció la participación de Nicaragua en la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), promovida por Chávez y de la cual forman parte Bolivia (2004), Cuba (2006) y Venezuela. Esto ha sido causa de especial preocupación en Estados Unidos, viejo enemigo del ex líder guerrillero sandinista.

En el Parlamento se formó el “Bloque contra la Dictadura” (PLC, ALN, Partido Conservador e incluso el Movimiento Renovador Sandinista, MRN) y lograron, en un principio, contrarrestar algunas medidas de Ortega.

Los resultados de las elecciones municipales de noviembre de 2008 favorecieron al partido oficialista, pero sumieron al país en una profunda crisis política. La oposición rechazó los resultados de los comicios, realizados sin observadores internacionales, que arrojaron un balance oficial de 105 ayuntamientos para los sandinistas, frente a sólo 41 para los dos partidos opositores (Partido Liberal Constitucionalista y Alianza Liberal Nicaragüense).

A su vez, los espacios para expresarse cívicamente se han ido cerrando a pasos acelerado. Cada vez son mayores y más frecuentes los ataques de Ortega a los medios de comunicación independientes y a las ONG no controladas por el gobierno (Salaverry, 2008).

Desde el inicio de su mandato (enero de 2007), Ortega manifestó sus intenciones de presentarse a reelección en las siguientes elecciones de noviembre de 2011, a pesar de la prohibición constitucional de reelección consecutiva.

Las fuerzas de oposición –Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS)- rechazaron desde un comienzo las reformas constitucionales que permitían la reelección del Presidente, además de considerar inaceptable cualquier consulta a la ciudadanía con el Consejo Supremo Electoral (CSE), el cual no inspira credibilidad para garantizar la transparencia en un referendo, por la carencia de independencia de poderes que ha caracterizado al país.

No obstante, en noviembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia declara inaplicable el artículo 147 de la Constitución que prohibía a Ortega presentarse a reelección, lo que consolidó sus pretensiones. Tras esta medida, empresarios, organizaciones civiles y los partidos de oposición mostraron su disconformidad y llamaron a conformar una resistencia en rechazo a la arbitraria medida, saliendo a la calle a manifestarse, debido al daño que esto generaría en la institucionalidad.

Es así como el 2010 se caracterizó desde un comienzo por tensiones sociales derivadas en parte por la desconfianza que generaban las pretensiones reeleccionistas del presidente y los magros resultados económicos del país. Hubo una reducción de las exportaciones, congelamiento de la ayuda internacional, rebaja de las remesas, y además  acusaciones contra el Presidente de organismos de Derechos Humanos, que éste estaría financiando turbas de jóvenes de barrios pobres para reprimir las manifestaciones de la oposición.

A través del decreto 3-2010 que el presidente emitió en enero, ordenó mantener en sus cargos a una veintena de funcionarios públicos a quienes se les venció su periodo constitucional. La idea, explicó el presidente, era evitar un vacío de poder y una crisis que desestabilizara las instituciones, incluidas la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral (CSE). Sin embargo, lo que logró Ortega fue mantener su control en esos poderes, obligar a la oposición a negociar bajo sus términos y avanzar en su proyecto reeleccionista.

El presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, encontró una disposición constitucional que legitimaba ese “decretazo”: desempolvó el artículo 201 de la Constitución, una disposición creada en el crítico contexto político de finales de los ochenta. Este facultaba a los magistrados de la CSJ y del CSE y funcionarios de otras instituciones a permanecer en su cargo hasta que se nombraran a sus sucesores[1].

Con esta disposición se creó un peligroso precedente que pulveriza las bases jurídicas y el Estado de Derecho en Nicaragua.

Tras haber sorteado el impedimento para su tercera reelección mediante la aceptación de su candidatura (constitucionalmente ilegal) en la CSJ y posteriormente el CSE, Ortega se presenta a la elección de 2011, la cual fue seguida de protestas ciudadanas insatisfechas por las decisiones políticas.

El candidato sandinista y actual presidente Daniel Ortega es reelegido como presidente de Nicaragua con una amplia mayoría del 62,42% de los votos, seguido por Fabio Gadea del Partido Liberal Independiente, con el 31% y el ex presidente Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucional con un 5,91%.

Estas elecciones, al igual que todo el proceso estuvo envuelto en sospechas de fraude. La oposición y observadores internacionales –como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE)- denunciaron “irregularidades” y dificultades para estar presentes en las mesas electorales. A su vez, la organización Ética y Transparencia (EyT) ligada a Transparency International declaró sospechas de fraude basados, puesto que entre un 15% y un 20% de las mesas electorales funcionaron sin fiscales de partidos de oposición.

Respecto a la corrupción, Nicaragua el 2011 fue evaluada en lugar 134 (entre 183 países), según el índice de corrupción elaborado por Transparencia Internacional, donde obtiene una nota de 2,5 en una escala de 1 a 10 donde 1 es muy corrupto y 10 es nada corrupto; ocupando uno de los últimos lugares de Latinoamérica.


[1] Salinas M., Carlos: “Gacetazo pulverizó Estado de Derecho en Nicaragua”; Confidencial, 29/09/10.

 

Fecha última actualización: enero 2012