Estudios: Informe Político: La Cuestión Mapuche, décadas de políticas erradas

Claudia Hernández R.

 

 

Los atentados, tomas de predios, huelgas de hambre y permanente interrupciones de los discursos de autoridades han volcado la mirada de organizaciones internacionales sobre el tema indígena en Chile. Lo cierto es que el conflicto que comenzó en el año noventa y que se ha caracterizado por la utilización de la violencia ha empañado el desarrollo de la región de La Araucanía, dejándola en el último puesto del ranking de competitividad regional.

Los brotes de violencia del sur se relacionan con la acción de algunos grupos de indígenas mapuche, que siendo minoritarios, buscan lograr sus fines a través de caminos extra institucionales.

La situación actual en torno a la cuestión mapuche no se encuentra en una sola circunstancia, sino que en distintos elementos que juntos llevaron al virulento escenario que estamos presenciando hoy.

Un primer elemento son los altos índices de pobreza, ingreso y desocupación de las comunas rurales con mayor concentración mapuche. La región de la Araucanía, zona donde habita la mayor cantidad de población indígena, correspondiente a un 30% de su población, es la más pobre del país, con un índice de 27,1% superando por 12 puntos el promedio nacional de 15,1%, según los datos que entrega la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2009.

Un segundo elemento es la discriminación que han sufrido durante años. En la actualidad subsisten una serie de estereotipos que califican a los mapuches como “flojos y borrachos”, lo cual parece bastante injusto y generalizante. Pero además, durante mucho tiempo se consideró a su idioma y cultura como poco interesante, por lo que no fue fomentada. La consecuencia es que, el año 2009, el porcentaje de la población que se auto identificó como perteneciente a alguna etnia fue de un 7%, y dentro de este grupo, un porcentaje mucho menor entiende y habla lengua indígena.

Es así como estas situaciones fueron generando un fuerte resentimiento en los mapuches. Ante esto algunos han optado por integrarse totalmente a la sociedad no mapuche, olvidando su cultura. Mientras que otros, lo han canalizado en contra del huinca (chileno no mapuche) y muchas veces han terminado en el uso de la violencia.

Desafortunadamente las políticas públicas implementadas en nuestro país a partir de la dictación de la Ley Indígena (19.253) en 1993, no han sido eficaces para crear las condiciones que permitan a los indígenas participar de las oportunidades que brinda el desarrollo económico y a la vez mantener su identidad y cultura.

 

LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN

 

La política oficial durante los cuatro gobiernos de la coalición de centroizquierda, Concertación, respondió a un esquema ideológico muy paternalista de definición de las políticas sociales. Donde se privilegió una visión ruralizante, basada en la entrega de tierras,  siendo que el 70% de ellos viven en las ciudades.

Adicionalmente durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2005) se aplicó la política de “entrega de tierras a cambio de paz social”. Esta política consistía en entregar tierras a través de la compra directa a comunidades que habían utilizado la violencia como un mecanismo para alcanzar fines.

Es así como las comunidades que  recibieron más beneficios eran justamente las más violentas. Si se contrasta con los ciclos de violencia en el sur del país se aprecia una relación, como se aprecia e el gráfico nº1. Cuando el gobierno dio señales que cederá frente a la violencia como durante los primeros años de la administración Lagos, ésta aumentó.

Ante este escenario el gobierno reconoció el error y cambió de estrategia, no obstante, se había generado un sentimientos de frustración en la mayoría de las comunidades pacificas.

Hay que destacar que de un total de 2.900 comunidades, sólo 27 tienen demandas territoriales, es decir, un 0,9%. De ahí  lo inexplicable que la política indígena concertacionista haya favorecido, principalmente a ésta minoría conflictiva en desmedro de la mayoría pacifica.

 

Gráfico Nº1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los diarios El Mercurio y El Austral de la Araucanía.

 

LA CUESTIÓN MAPUCHE

 

El problema ha sido definido como una disputa territorial, política, económica, social y cultural, protagonizada por un grupo minoritario de comunidades de la etnia mapuche. Reclaman territorios del sur, que se encuentran entre la VII y XIX regiones, que consideran ancestrales. Se trata de 15 mil hectáreas, dentro del terreno que llaman Wallpamu (País Mapuche). Los terrenos son de propiedad fiscal, de agricultores y de empresarios, algunos de los cuales han sufrido ataques.

Se pueden distinguir ciclos, entre los años 1990-1994, 1997-2003 y 2007 en adelante, tal como se aprecia en el gráfico Nº1. Las primeras acciones de violencia en la zona ocurrieron en 1990, con el retorno a la democracia. Estas acciones fueron encabezadas por el Consejo de Todas las Tierras, que se tradujeron en tomas de terreno. No obstante, la “cuestión indígena” en Chile adquirió mayor complejidad a partir 1997, cuando estallan múltiples conflictos en diversos lugares del sur de Chile, que se prolongarán hasta el presente.

Comienzan a registrarse los ataques más violentos dirigidos contra empresas forestales, pero posteriormente ha sorprendido por el nivel de violencia y decisión que los indígenas han dejado a la vista con el asalto a predios particulares, a buses del transporte público, e incluso contra un fiscal.

Esto época coincide con la creación a fines de 1998 de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por un grupo de mapuches radicalizados. Este grupo a través de la conquista de territorios busca la creación del “Pueblo Nación Mapuche”.

En La Araucanía, los ataques más graves ocurrieron entre 2008 y 2009, después de la muerte de dos activistas en enfrentamientos con Carabineros y tras ocupaciones de fundos en Vilcún y Ercilla.

Sin embargo, tras la captura de los líderes de la CAM, a partir de 2009, y los juicios por conductas terroristas que enfrentan en Cañete, Angol, Victoria y Temuco explicarían la disminución de los atentados armados e incendiarios en La Araucanía.

 

NUEVAS PRESIONES

 

Hoy, veintiún años después del primer atentado que dio inicio al denominado “conflicto mapuche”, las comunidades no muestran intenciones de terminar con los enfrentamientos, es más, demostraron que están dispuestas a llevar las presiones al límite para alcanzar sus objetivos.

Con un fuerte aumento de la violencia indígena desde julio de 2010, se terminó el período de luna de miel entre el Gobierno de la Coalición por el Cambio, presidido por Sebastián Piñera,  y las poblaciones mapuches en conflicto.

En julio del año pasado un grupo de comuneros presos en la Cárcel El Manzano de Concepción, de la CAM, comenzaron una huelga de hambre que duró 81 días. Al grupo inicial se sumaron los de las cárceles de Temuco y Angol, llegando a un total de 34 mapuches en huelga de hambre.

Pedían que se deje de aplicar la Ley Antiterrorista a las causas mapuches y que se termine con los dobles procesamientos (justicia civil y militar). Lo que llama la atención es que todos ellos habían participado de atentados a fundos, medios de transporte público y algunos a un ataque contra un fiscal. Pero además, la gran mayoría de ellos  provenía de comunidades que han sido beneficiadas hasta tres veces con tierras. Lo que evidencia la ineficiencia de las políticas implementadas en esta materia.

El ayuno se dio en un contexto de aumento de la violencia en las zonas mapuches del sur de Chile. Desde fines de julio de 2010 se puede apreciar un incremento en el número de casos de violencia registrados en La Araucanía (IX región).

Finalmente, el 9 de octubre y tras varias conversaciones entre los voceros y el Gobierno, los mapuches de Angol llegan a acuerdo y se da por terminada la huelga. El Gobierno retiró la invocación de la ley antiterrorista de todas las querellas que mantenía contra mapuches para someterlas sólo a la legislación común.

Sin embargo, éste año, nuevamente un grupo de cuatro comuneros decide iniciar una nueva huelga de hambre, la que tuvo una duración de 87 días. El oficialismo se encontraba entrampado en un gallito de fuerza con las comunidades quienes no estaban dispuestas a ceder a menos que se les concedan sus peticiones bajo sus condiciones.

La huelga de hambre en sí misma no es un argumento válido para discutir la problemática indígena, sino que más bien se ha transformado en una nueva forma de violencia para presionar a las autoridades, además de que ha traído como consecuencia un aumento sostenido de ésta.

Finalmente, el Gobierno se mantuvo firme en su posición de respeto a la institucionalidad y no cedió ante la presión ejercida por el grupo.

El 9 de junio, con la intervención de la Iglesia Católica los cuatro comuneros: Héctor Llaitul, Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llanquileo, condenados por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta, decidieron deponer el ayuno. Acordaron crear una Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche en la que además de los integrantes de la Iglesia Católica también participarán la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU y los familiares de los comuneros.

Para estos grupos indígenas las autoridades políticas han buscado “criminalizar” sus reivindicaciones, por lo que han respondido con una fuerte movilización social y una activa apelación al sistema internacional de derechos humanos, con gran acogida (y financiamiento) en los círculos internacionales.

Lo cierto, es que las acciones de violencia en las que han incurrido una minoría de las comunidades indígenas, pueden ser entendidas como un llamado de atención por década de malas decisiones en ésta materia.  Han sido años de erráticas políticas públicas, pero también de impunidad que fueron generando frustración, desconfianza y consecuencias económicas en las regiones que se encuentran.

De allí que la huelga de hambre no es un argumento para discutir sobre el tema indígena, sino que hay muchas tareas de la agenda propia de los asuntos indígenas que son distintas a las circunstancias de los juicios que se encuentran involucrados en la huelga de hambre. A su vez, recurrir a la huelga de hambre,  constituye precisamente el tipo de presiones ilegítimas que no deben doblegar a una autoridad elegida democráticamente, puesto que este no es el camino elegido por nuestra sociedad para solucionar conflictos de este tipo. Con objetivo es que existen los tribunales de justicia que tiene por objeto resolver las disputas entre los distintos miembros de la comunidad nacional.

En este sentido, reforzar los cambios en materia indígena es fundamental. Sin duda que la política de tierras actual está en la senda correcta cuando se beneficia a aquellas comunidades -que son la mayoría- que no utilizan medios violentos. Pero también cuando no se descuida a aquellas comunidades que viven mayoritariamente en las zonas urbanas. Esto es un primer paso para empezar a integrar a las poblaciones indígenas y demostrarles que de ellos depende mejorar su calidad de vida.

 

 

Referencias:

“Seis claves para comprender el conflicto en la zona”. La Tercera (Chile), 15 de agosto de 2009.

Von Baer, Ena (2002): “La cuestión mapuche”. La Segunda (Chile), 15 de julio de 2002.

Libertad y Desarrollo (2009): Violencia en la Araucanía: ¿Por qué se produce? Tema Público Nº 905, 23 de enero de 2009.

Libertad y Desarrollo (2010): Huelga de Hambre: Indebidas presiones al Gobierno. Tema Público Nº 981, 3 de septiembre de 2010.

Libertad y Desarrollo (2002): “La Cuestión Mapuche: raíces, situación actual y desafíos futuros”. Serie Informe Político Nº77, septiembre de 2002.

Encuesta CASEN (2009): “Pueblo Indígenas”, Ministerio de Planificación 2009.