Estudios: Informe Político: Consulta popular en Ecuador, ¿Cuál es el objetivo de Correa?

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El próximo 7 de mayo, el pueblo ecuatoriano deberá enfrentarse a un plebiscito convocado por el presidente Rafael Correa, que consta de 4 temas generales, expresados en 10 preguntas, donde de las cuales 5 están dentro de una enmienda constitucional, y otras 5 son de consulta pública.

El Presidente había enviado el 17 de enero un paquete de 10 preguntas a la Corte Constitucional, para que este organismo las aprobara, como de hecho sucedió, y ahora serán sometidas al escrutinio de los 11.157.583 ecuatorianos que conforman el padrón electoral, incluido el voto en el exterior; los uniformados, extranjeros, los jóvenes de 16 y 17 años, y los discapacitados, para quienes la participación es opcional.

Para los demás, la participación es de carácter obligatoria. Esto quiere decir que las personas que no sufraguen en la Consulta Popular, este sábado 7 de mayo, tendrán que pagar una multa de 26,4 dólares por no votar. Un dato no menor, ya que equivale a un 10% de una remuneración mensual básica unificada.

Para muchos analistas, y como lo indican las encuestas, la consulta tendría un apoyo cercano al 60% de aprobación del referendo, acorde a la alta popularidad que posee el Presidente Correa.

Sin embargo, son muchos los ciudadanos que acusan falta de información o inconstitucionalidad de las preguntas. Ya se han presentado tres demandas en contra del referéndum y la consulta popular, aceptadas a trámite por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya sede está en Washington.

Con el fin de conocer qué se está consultando, las preguntas son las siguientes:

 

PREGUNTAS ENMIENDA CONSTITUCIONAL

Sobre prisión preventiva. Se busca limitar la caducidad de la prisión preventiva, así como también que los jueces prefieran esta sanción por sobre otras medidas cautelares para evitar la liberación temprana de los sospechosos.

  1. Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, ¿está usted de acuerdo en que la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva, enmendando la Constitución de la República como lo establece el anexo 1?

 

  1. Con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas, ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República como lo establece el anexo 2?

Eliminar conflictos de intereses de banqueros y propietarios de medios de comunicación, limitando su participación a negocios que sólo estén vinculados con sus sectores.

  1. Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3?

Reorganización del sistema judicial el cual ha sido ampliamente criticado por su ineficiencia y corrupción.

  1. Con la finalidad de superar la crisis de la Función Judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 4?

  1. Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como lo establece el anexo 5?

PREGUNTAS CONSULTA POPULAR

Dar calificación de delito a diversas actividades como:

Enriquecimiento privado no justificado

  1. Con la finalidad de combatir la corrupción, ¿Está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado?

Negocios de juegos de azar (casinos y otros)

  1. Con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se conviertan en un problema social, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población, ¿Está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?

Espectáculos que impliquen maltrato animal

  1. 8. Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿Está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales?

Difusión de mensajes de violencia y discriminación sexual en medios de comunicación, lo que implica aprobar una Ley de Comunicación, que creará un ente regulador

  1. Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?

La no afiliación de trabajadores al Seguro Social estatal

10.  Con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿Está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito?

 

Las preguntas que surgen

¿Tomará Correa el control del Poder Judicial?

Sin duda, las más polémicas son las primeras cinco de 10 preguntas planteadas por el Ejecutivo y que se relacionan con la reestructuración del poder judicial.

Con las reformas judiciales, el Gobierno busca crear una comisión tripartita que se encargará de reformar todo el sistema en un plazo de 18 meses, nombrando los jueces para la Corte Nacional de Justicia, el más alto organismo de control del sector, y otras cortes de menor jerarquía.

Uno de los tres miembros de la comisión será escogido por Correa, otro será designado por la Asamblea (donde el partido oficial tiene mayoría), y un tercer miembro será nombrado por la Función de Transparencia y Control Social que se encuentra influenciada por políticos alineados con el oficialismo.

Una vez concluida la reforma a la justicia, la Comisión temporal será reemplazada por un consejo conformado por cinco miembros que dirigirán el organismo por seis años.

Opositores han refutado que la forma de elección del consejo pudiera ser influenciada por el oficialismo.

 

¿Está en peligro la libertad de prensa?

Se trata de las preguntas número 3 y 9, que han generado mayor controversia y que están relacionadas con los medios de comunicación. La pregunta 3 busca prohibir que los directores y accionistas de los medios nacionales sean dueños o tengan participación de empresas ajenas a esa actividad, y la 9, que se expida una ley de comunicación con un consejo de regulación que norme los contenidos.

Una de las reformas ordenaría la tramitación inmediata en el Legislativo de una Ley de Comunicación que creará un organismo que regulará que los medios no distribuyan contenidos violentos o discriminatorios.

El presidente de la República, Rafael Correa, ha mencionado que la intención de esa pregunta es garantizar los derechos de las personas -consagrados en la Constitución- de los eventuales “excesos” de la prensa, como la publicación de imágenes o noticias que induzcan a la violencia, el racismo, el sexismo o la intolerancia política.

Los empresarios y gremios periodísticos, en cambio, aseguran que el mandatario pretende limitar la libertad de expresión y prensa, considerando que el oficialismo planteó -durante el debate del proyecto de ley- que tal Consejo tenga una mayoritaria participación de delegados de organismos del Estado, incluyendo al Ejecutivo.

A su vez, como denuncia el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) “Creemos que esta pregunta, expresada en términos tan imprecisos, podría abrir la puerta para la censura por parte del Gobierno”.

Lo mismo ocurre con la pregunta 3, que busca limitar la participación de banqueros con la propiedad de los medios de comunicación. Para la CPJ ésta “medida parece dirigida a debilitar la estructura financiera de los medios que se oponen a las políticas de su gobierno”.

Ambas preguntas buscan darle más poder discrecional para acallar a los medios que se han mostrado más críticos al régimen de Correa. En consecuencia, su aprobación sería una nueva amenaza a la libertad de Prensa.

 

Comentarios finales

Finalizados anoche los 40 días establecidos para promover la campaña a favor y en contra de la consulta, se inició desde este jueves la fase de silencio impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La preocupación radica en que hay una sensación de que gran parte de la consulta se relaciona directamente con el aumento del poder del mandatario y que éste buscaría en ella reforzar su control sobre distintas áreas de la sociedad. Esto se ve manifestado claramente en lo relativo a la reforma del sistema judicial.

Otros de los cuestionamientos apuntan a que ésta aborda temas relacionados con la libertad de expresión y acción, inmersos, por ejemplo, en las preguntas sobre la Ley de Medios y la prohibición de los negocios relacionados con juegos de azar.

Finalmente, la oposición acusa que su redacción incita a equívocos, ya que estaría mal planteada. Esto atenta con la Constitución, que señala que las preguntas deben ser neutras y no inducir las respuestas. A su vez, en ciertos enunciados no se han determinado criterios específicos en las sanciones, lo que sin duda generaría discrepancias en las interpretaciones, por ejemplo, en cuanto al enriquecimiento privado no justificado que busca sancionar a las personas que han acumulado importantes patrimonios cuyo origen “no está claro”, o la difusión de mensajes de violencia y discriminación en medios de comunicación.

Es de esperar que éste sábado los ciudadanos den un voto informado.

 

 

Fuentes:

Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP): Enfoque Económico, Año2 No.10, Enero-Febrero 2011.

“¿Qué está en juego en el referendo de Ecuador?” Infolatam, 26 de abril de 2011.

“Gremio en NY advierte peligros por consulta”, El Universal (Ecuador), Miércoles 20 de abril del 2011.

Consejo Nacional Electoral (CNE): Convocatoria a Consulta Popular 2011.