Claudia Hernández R.

Investigadora Programa Sociedad y Política, Libertad y Desarrollo

3 de agosto de 2011 | Austral de la Araucanía

La escalada de violencia en La Araucanía que ha terminado en las últimas tres semanas con el saldo de carabineros y menores de edad mapuches heridos, no han sido casos aislados en la región, si no que se han convertido en la tónica durante el segundo semestre del año, cuando rebrota la violencia y las movilizaciones en la zona.

La violencia en La Araucanía es un fenómeno que ha recrudecido con fuerza en la última década y ha estado marcada por la comisión de delitos graves y de pérdidas cuantiosas para la propiedad pública y privada que son de público conocimiento. Incluso algunos que han sido investigados bajo la Ley Antiterrorista.

Lamentablemente en el pasado la autoridad no ha sido lo suficientemente fuerte en entregar la señal que el Estado de Derecho debe respetarse de manera irrestricta.

Por lo demás, la región de La Araucanía, no sólo es la zona donde habita la mayor cantidad de población indígena, correspondiente a un 30% de su población, sino es la más pobre del país, con un índice de 27,1% superando por 12 puntos el promedio nacional de 15,1% (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, de Mideplan, -Casen 2009-).

Pese a que esta región ha sido beneficiada por los programas de transferencias fiscales directas, no se encuentran claros resultados a la vista.

Ello demuestra que, a pesar de las políticas de asistencia implementadas desde mediados de la década del noventa, éstas no han sido las correctas para que puedan salir de su condición social.

En ese sentido, más allá de la discusión del monto ejecutado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena –Conadi- en la compra de tierras, es necesario también debatir acerca de la real contribución que la entrega de tierras ha tenido en la superación de la pobreza en la región. Conocidos son los casos de tierras de gran riqueza natural que fueron depredadas, abandonadas o que dieron en “arriendo” las comunidades.

Así, la idea del Gobierno de respetar la nómina de 115 comunidades priorizadas que han postulado a fondo de tierras, entrega confianza y puede ayudar además a fortalecer una relación que ha tenido suficientes razones para estar dañada.

Sin embargo, uno de los mayores cambios requeridos –y en los que afortunadamente se está avanzando actualmente– dice relación con acompañar dicha política con asesoramiento técnico y proyectos de inversión para que la entrega de tierras tenga un sentido práctico y en verdad signifique un mejoramiento para sus beneficiaros, asunto que hasta hoy absolutamente discutible.

Lo anterior debería ser no sólo para las nuevas compras, sino también para las que se entregaron con anterioridad, procurando reparar los errores.

El problema actual, que tiene raíces históricas profundas, también tiene un importante componente político, desafío que se le presenta al nuevo Ministro Joaquín Lavín quien deberá enfrentar un conflicto que viene acarreando años de  políticas erráticas.

Ante los lamentables hechos protagonizados por comunidades en la zona de Ercilla, es importante que la actual administración haga que se respete el Estado de Derecho y no ceda ante las presiones violentistas como ocurrió en el pasado.