Chile: Trampa Constitucional de Bachelet: Fase 2

Por:

Luis Larraín

En:

El Líbero

País:

Chile

Fecha:

6 de febrero de 2017

Hace algún tiempo denunciamos aquí en El Líbero que el Proceso Constituyente de Bachelet era una trampa para saltarse la norma de la Constitución que requiere de dos tercios de los parlamentarios para su modificación. Como la Nueva Mayoría no tiene ese quórum, ideó un trabajoso proceso que involucró más de 3 mil millones de pesos de fondos públicos para realizar primero Encuentros “autoconvocados” de ciudadanos que deliberarían sobre la Constitución y luego Cabildos de carácter provincial y regional que harían lo propio. Todo esto supervisado por un Consejo Ciudadano de Observadores cuyos integrantes fueron nominados (todos) por la Presidenta Bachelet, que debía monitorear el proceso y emitir un Informe. Terminados estos encuentros, el gobierno designó un Comité de Sistematización que reunión las actas de ellos y entregó un informe.

Ambos Informes ya fueron emitidos. El de los observadores reconoció lo que era evidente: que las opiniones emitidas en este proceso no son representativas de la población chilena. El de los sistematizadores fue discutido. Según un integrante del Consejo de Observadores la sistematización tuvo sesgo ideológico al menos en las opiniones sobre Educación.

Con estos dos antecedentes, que rayan la pintura al proceso constituyente, más el hecho que el gobierno de la Presidenta Bachelet cuenta con la desaprobación de más de un 70% de los chilenos, la estrategia del gobierno tambalea. ¿Cuál era la estrategia? Se las recuerdo.

Con las Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución que se elaboraría a partir de estos Informes, el Gobierno elaboraría un proyecto de Nueva Constitución. Pero como aún con ese proyecto la aprobación no está asegurada, porque necesitan dos tercios, mandarían otro proyecto de ley al Congreso destinado a cambiar el mecanismo por el cual se modifica la Constitución.

Este proyecto del mecanismo le daría “opciones” al Congreso (opciones que no tendría por qué aceptar, lo que da cuenta de lo irregular del proceso). Se han mencionado la opción de una Comisión Bicameral para elaborar la Nueva Constitución; de una Convención Constituyente; de una Asamblea Constituyente; y por último de un plebiscito para que la ciudadanía elija una de esas fórmulas. El próximo Congreso aprobaría estas opciones por tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio (que es menos exigente que dos tercios).

En síntesis, se trataría de burlar el quórum de dos tercios para modificar la Constitución con toda esta parafernalia que finalmente requeriría sólo tres quintos, quórum que si tiene la Nueva Mayoría.

El diseño original de la trampa constitucional de Bachelet se basaba en la enorme presión que se ejercería sobre los parlamentarios por el hecho de tener un proyecto redactado por el Gobierno a partir de las “Bases Ciudadanas” que provienen del proceso constituyente. No contaban eso sí con que el proceso constituyente terminara con la pintura rayada.

Esto ha hecho revivir una idea más extrema aún que la trampa constitucional de Bachelet y que fue profusamente promocionada por el abogado Fernando Atria (hoy precandidato presidencial de Partido Socialista). La trampa de Atria consistía en llamar a un plebiscito para que la ciudadanía se pronunciara sobre un cambio al mecanismo para modificar la Constitución. A la objeción que se le esgrimía, en el sentido que ese plebiscito sería inconstitucional pues no está previsto en la Constitución, la respuesta de Atria era que no importaba, pues si el decreto que llamaba al plebiscito no era objetado (por la Contraloría suponemos) entonces podía llevarse a cabo y una vez realizado quedaría automáticamente modificado el mecanismo para cambiar la Constitución (paradojalmente por un procedimiento inconstitucional). Matonaje constitucional, podríamos llamarlo.

Lo que parece estar pensando Bachelet es una versión algo más civilizada que la de Atria, pero igualmente tramposa. Se trataría de un proyecto de Reforma Constitucional que establecería la posibilidad de convocar a plebiscitos a la ciudadanía para efectuarle consultas acerca de diversas materias. La aprobación de esta norma requeriría menos de dos tercios, con lo cual podría lograr aprobarla. Una vez hecha esa reforma, se convocaría al Plebiscito para que la ciudadanía se pronunciara sobre el mecanismo para modificar la Constitución. Se tendría así un voto popular acerca de la forma de cambiar la Constitución. Y aunque ese resultado no sería vinculante para los parlamentarios, en el sentido que aún prevalecería el quórum de dos tercios para realizar cambios al mecanismo de modificación constitucional, la presión podría ser tan brutal, esta vez reforzada por un “veredicto popular”, que el gobierno tendría la confianza de dar vuelta algunos votos. No quedaría para la oposición otra cosa que resistir a este matonaje constitucional y hacer que se respeten las reglas para modificar la Constitución propinando así otra derrota a un gobierno que pese a su exiguo apoyo pretende seguir, por la vía de los resquicios, imponiendo su programa.

 

 

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Publicado originalmente en El Líbero, el 27 de enero de 2017.