Hora de irse’, con ese titular la revista The Economist publicó en su última portada la foto de Dilma Rousseff, a la que le dedicó su editorial principal. Sí. Es hora de irse para Dilma. Es probable que sus actuaciones no encuadren rigurosamente en una causal para su impeachment o enjuiciamiento político. Pero su conducta ha sido lo suficientemente grave y sus arbitrariedades tan manifiestas que su demora en retirarse del cargo va a arrastrar a su país a una crisis institucional y económica de impredecibles efectos. El expresidente Richard Nixon prefirió renunciar antes de que la Cámara baja inicie su enjuiciamiento, cortando así de raíz una agonía innecesaria. La principal acusación contra él fue (o iba a ser) la de abuso de poder y obstrucción de la justicia. Dos infracciones muy serias en la tradición jurídica estadounidense que conllevan un costo político y penal muy grande para quienes incurren en ellas. Ambas conductas, dicho sea de paso, deberán tenerlas en cuenta la próxima Asamblea Constituyente cuando proceda a enjuiciar políticamente al dictador y su gente, sin perjuicio de los juicios ordinarios que ameriten sus actuaciones específicas.

Es harto difícil de creer que Dilma durante todos estos años no sabía nada sobre la red de corrupción tejida entre Petrobras y Odebrecht, por un lado, y el Partido de los Trabajadores, el instituto de Lula y el Gobierno federal, por el otro. Y que como no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, nada hizo para ponerle un freno a semejante monstruo.

Es como si mañana vinieran a decir, solo para poner un ejemplo, que las condiciones de endeudamiento con una potencia asiática y sus comisiones; los impresentables contratos petroleros; los sobreprecios de las hidroeléctricas; la construcción de la primera refinería invisible del mundo; la compra de los helicópteros chatarra y el asesinato de un general que la denunció; el costo del kilómetro en la construcción de carreteras; el presupuesto de propaganda oficial; la entrega a dedo de contratos con cuantías impresionantes; la concesión de un emporio de medios de comunicación a un inversor extranjero; el fenomenal incremento patrimonial de allegados; el increíble despilfarro en publicidad gubernamental; la permisiva política para el consumo de drogas; el lavado de activos con Venezuela; las serias violaciones de los derechos humanos denunciadas por organizaciones internacionales; la persecución a periodistas; las invasiones a la privacidad, incluyendo la publicación de correos electrónicos personales; la entrega de pendrives con sentencias ya preparadas concediéndole al demandante suculentas indemnizaciones; las decenas de detenidos arbitrariamente, y tantas otras cosas, que todo eso, decíamos, no fue de conocimiento de las altas esferas del Gobierno sino que sucedieron por generación espontánea, por sí solas, por esos azares del destino. Y de paso en un país donde su máxima autoridad se jacta de ser el jefe del Poder Judicial, la Legislatura y los organismos de control.

Ese es el dilema que enfrenta Dilma. Y, por cierto, el que enfrenta más de un presidente o expresidente latinoamericano. ‘Time to go’.

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Publicado originalmente en El Universo (Ecuador), el  29 de marzo, 2016