Por: Julio Raudales

¡Nuevamente salta el infausto tema de la pobreza a los debates radiales y televisivos! Esta vez fue el siempre incómodo FOSDEH, a quien no le basta machacarnos que la deuda externa e interna pone cada vez más en precario nuestro futuro… Como si no fuera suficiente que los informes de la CEPAL y el Banco Mundial lo pasen repitiendo año con año.

En un sencillo y colorido gráfico de simple comprensión, Mauricio, Rodulio, Raf y compañía, han puesto de manifiesto que no ha habido esfuerzo que valga: más de dos terceras partes de hogares en el país continúan bajo el yugo de las penurias materiales; casi la mitad de la población ni siquiera tiene ingresos para comprarse la comida y lo que es peor, pareciera no haber mucha esperanza de que la situación cambie en los próximos años.

Lo digo, no porque me haya invadido de pronto un ataque de pesimismo. Más bien me sorprende el peso que la evidencia empírica ha puesto sobre quienes tienen la responsabilidad de hacer políticas públicas, en un momento en que la sociedad se apresta a elegir nuevas autoridades.

Y es que las cifras publicadas por el INE no dan lugar a eufemismos: En 2016 vivían en Honduras 1,983,403 hogares, de los cuales 1,208,000 (61%) están bajo la denominada línea de la pobreza y 761,702 (38.5%) son pobres extremos.

Terrible señal, sobre todo si nos comparamos con países similares como los centroamericanos. Informes internacionales como el de la CEPAL o el Estado de la Región que publica el Instituto Centroamericano de Gobernabilidad en Costa Rica, muestran a una Honduras con el mayor recuento de pobres y la mayor tasa de marginalidad a nivel centroamericano. Y esto no es nuevo, el indicador persiste prácticamente desde sus inicios, pese a los esfuerzos que gobierno tras gobierno intentan hacer para revertir la situación.

Y es que podemos acusar a las administraciones gubernamentales pasadas y presentes de muchas cosas, menos de no haber realizado esfuerzos explícitos para combatir el fenómeno. En el año 2001, recién estrenado el milenio, la administración Flores se propuso como meta para el año 2015, reducir a la mitad la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema, que por entonces eran de 65% y 47% respectivamente. Para ello puso en marcha la célebre Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), que evidentemente fue un fracaso, como muestran las actuales cifras.

Los siguientes gobiernos hicieron lo propio: Maduro con la Merienda Escolar, el Bono 80 y otros, Zelaya con su Red Solidaria, Lobo y su “Bono 10,000” y ahora el “Vida Mejor”, muestran que nuestros gobernantes no han cejado en sus esfuerzos para vencer al monstruo, cual Sísifo empujando su famosa piedra.

Pero parece que nada pasa. La pobreza persiste y la población desalentada se inclina cada día más a buscar soluciones ajenas al sueño de una vida integrada y proclive a la realización de sus sueños: Muchos optan por marcharse al norte, otros, los menos afortunados, no tienen más remedio que la mendicidad o el crimen.

¿Por qué han tenido tan poco éxito las administraciones en el combate a la pobreza? Año con año persisten en anunciar sus enormes esfuerzos sin notar que lo único que generan es mayor frustración e insatisfacción perenne en las comunidades. La respuesta está en la falta de una política fiscal ordenada e inteligente.

La política fiscal es la manera en que el gobierno ejerce influencia e incentiva a los individuos para que por sí mismos busquen la realización de sus metas. Lo hace a través del cobro de impuestos, las transferencias al sector privado y la inversión pública.

A mi juicio, la razón por la que, pese a los esfuerzos gubernamentales de los últimos lustros, es la falta de una “real” política fiscal, es decir, esa que de manera honesta, ordenada y transparente, genera un esquema de tributación y de gasto público que permita a los agentes privados (trabajadores y empresarios), definir con un mínimo de incertidumbre, sus objetivos y planes de trabajo.

Lo anterior solo se logrará si la ciudadanía se integra y decide junto al gobierno el mejor camino para lograr una política fiscal justa. De ahí la importancia de avanzar en la construcción del Pacto Fiscal con responsabilidad social si es que queremos reducir de forma sostenible la pobreza.

Sociólogo, vicerrector de la UNAH, exministro de Planificación y Cooperación Externa, presidente del Colegio Hondureño de Economistas.

Publicado originalmente en La Tribuna (Honduras), el 7 de julio de 2017