Por: Hana Fischer

La gran diferencia entre Norteamérica –especialmente la anglosajona- y la América latina, es de índole cultural. No es un dato menor, dado que eso se trasluce en calidad de vida para sus habitantes. No es una “revelación” el afirmar que se vive mucho mejor en el norte de nuestro continente que en el sur, tal como lo atestiguan las corrientes migratorias.

Lo que tal vez sí sorprenda, sea nuestra afirmación de que la causa profunda de que Latinoamérica parezca incapaz de zafar del subdesarrollo, estriba en la amalgama entre el racionalismo europeo y el pensamiento mágico indígena. La fusión de estas dos estructuras de pensamiento, han potenciado el quiebre con la realidad que caracteriza a nuestros pueblos. El resultado –a la vista está- ha sido nefasto.

Para la gente de estas latitudes, la verdad no es la concordancia entre lo que se afirma y los hechos. No, para nada. La “verdad” es lo que suena “bonito”; lo que cuaja con sus anhelos o prejuicios; lo que en “abstracto” podría ser el ideal. Y es por esa razón que son inmunes a las lecciones de la experiencia, y nuestras naciones giran en un círculo vicioso caracterizado por la opresión-corrupción-tiranía y miseria.

Una muestra de ello es lo que ocurre con las empresas públicas estatales. Los latinoamericanos las “aman”. Ven con complacencia y votan a cualquier político que exprese que las va a “defender” porque les pertenecen al “todos”. Se postula que es bueno que estén en manos del “Estado”, porque éste no busca el lucro ni defiende intereses privados.

Pero… ¿realmente es así? ¿No hemos aprendido nada de lo que está a la vista y la prensa independiente informa de continuo? ¿Somos incapaces de mirar a la realidad como ella efectivamente es?

A nuestro juicio, la mejor caracterización de las empresas públicas estatales la hizo recientemente Fernando Henrique Cardoso -expresidente de Brasil (1995-199; 1999-2003)- en un evento realizado por el semanario “Búsqueda” en Montevideo (Uruguay). El ex mandatario expresó, que en gran medida ellas son utilizadas para la “financiación de la hegemonía en el poder”. Dentro de ellas, las del sector relacionado con el petróleo –debido a las grandes sumas que maneja- son las que mejor se prestan para ese tipo de maniobras. Los ejemplos paradigmáticos son PDVSA, que permitió la instauración de la dictadura chavista en Venezuela, la consolidación de la castrista en Cuba, y la “colonización” de otros países de la región; y Petrobras, en Brasil.

Cardoso afirmó que el Partido de los Trabajadores (PT) de la mano de Luiz Inácio Lula da Silva, creó “una organización para obtener plata con la bendición de sectores políticos, con la complicidad de sectores empresariales y todos juntos sacaron plata de empresas que son del gobierno, o sea de la gente misma”. En su opinión, “no se trata de la corrupción tradicional sino que es la financiación de la hegemonía en el poder, es no aceptar a los demás y negar la rotación en el poder”. Subrayó que se distorsiona enormemente a “todo el sistema democrático con esa forma de financiación”.

Cardoso observó que las empresas públicas son el sustrato donde arraiga el Estado burocrático, clientelista, e infiltrado por intereses corporativos. Además, son en gran medida la fuente que permite que la “plata del gobierno” sea “utilizada de modos indirectos para financiar las campañas electorales”.
En Uruguay – donde las empresas públicas estatales son el “orgullo” de la población- frecuentemente son utilizadas para que el partido gobernante obtenga recursos para ganar voluntades y por ende, votos. Asimismo, como plataforma que catapulte ambiciones políticas personales.

El caso reciente más sonado es el que involucra a Raúl Sendic, actual vicepresidente de la república. Fue la gran sorpresa de las elecciones internas de junio de 2014, debido a la inesperada cantidad de papeletas que obtuvo. En esos comicios el voto no es obligatorio pero son muy relevantes, porque de allí saldrá la fórmula presidencial por partido político para las presidenciales, que se realizan en octubre de ese mismo año.

El aludido jerarca entre 2010-2013 fue presidente de nuestra petrolera estatal ANCAP, período en el cual, la empresa tuvo enormes pérdidas y realizó inversiones muy cuestionadas. A causa de ello se habilitó en el Senado una comisión investigadora sobre la gestión de la empresa entre los años 2000-2015. A raíz de ello, están saliendo a la luz pública diversos datos. Por ejemplo, que se pagó U$S 5.000 por publicidad oficial de ANCAP por seis meses durante 2014 en una radio que no estaba emitiendo.

Pero lo más curioso fue que en el año electoral, en el rubro “comunicación corporativa”, se multiplicó por cinco el gasto en publicidad: en 2013 fue de U$S 190.000, mientras que en 2014 trepó a casi un millón de dólares. Pablo Bernengo -gerente de Relaciones Institucionales y Comunidad de ANCAP- afirmó que todas las decisiones en materia de publicidad eran tomadas por el directorio y no por la gerencia técnica. El jerarca no pudo explicar las razones de ese aumento de gasto tan considerable.

Volviendo al tema de Brasil, Cardoso señaló que en 1988 se reformó la Constitución de su país, con el objeto de que quedaran establecidas las condiciones que permitieran “ofrecer mejores condiciones de vida a su gente”. Entre las medidas principales, se procuró que “las empresas del Estado fueran públicas” y “que no estuvieran controladas por los partidos sino por agencias independientes”. Sin embargo, las buenas intenciones tuvieron corta vida porque en manos del expresidente Lula (2003- 2007; 2007-2010), las decisiones volvieron a ser políticas y no de eficiencia empresarial.

Algo parecido ocurrió con PDVSA en Venezuela y con ANCAP en Uruguay, donde en algún momento se procuró realizar una administración profesional de ellas, aislándolas de intereses políticos y/o personales. Pero indefectiblemente se fracasó en tal intento.

Lo cual comprobaría que está en la propia naturaleza de la cosas que así sea, y que la única solución es cortar por lo sano. Es decir, que no haya empresas públicas de propiedad estatal. Si así se hiciera, no solo disminuiría cualquier tipo de corrupción, sino que también mejoraría la calidad democrática.
Pero nuestros pueblos parecen incapaces de aprender de la experiencia y prefieren seguir aferrados al “pensamiento mágico”.