Bolivia: La gota en la piedra, la corrupción un problema de constante preocupación

Por:

Luis E. Gonzales C.

En:

http://faroteilumina.blogspot.com/

País:

Bolivia

Fecha:

27 de mayo de 2011

En palabras de Gary Becker, premio nobel de economía en 1992, Si elimináramos el Estado, eliminaríamos la corrupción. En la economía moderna es muy difícil la concepción de una economía sin el rol fundamental del Estado pero esto no quiere decir que no se pueda reducir y trabajar por reducir la corrupción. El problema es el crecimiento del Estado entorno a reglas legales e instituciones que no sean transparentes, eficientes e independientes.

El nocivo impacto de la corrupción sobre la estabilidad económica, social y política es un problema que incumbe a la sociedad en su conjunto porque es una fuerza que vulnera la institucionalidad democrática y afecta en algún grado las condiciones para el crecimiento económico.

La corrupción, un problema de agenda pública, presente en cualquier sistema económico de muy difícil definición. Por ejemplo, el Banco Mundial define la corrupción como el abuso del poder publico sobre el beneficio privado. Por otro lado, la corrupción es un acto que depende en gran medida de un componente ético, sin embargo, también puede ser analizado desde el punto de vista económico, para lo cual se podría abordar el problema en dos aspectos[1]: a) aspectos que provocan directamente la corrupción y b) aspectos de característica indirecta estos a su vez interactúan con tres características[2] comunes en la evidencia empírica: excesiva regulación, ineficiencia en el sistema legal y tamaño del Estado.

La regulación y las autorizaciones de construcción, patentes, derechos de catastro, traspaso de bienes raíces, obtención de licencias de conducir, pasaportes, cedulas de identidad, certificados de nacimiento, etc. muestran largas filas humanas en los casos de permisos o licencias personales donde el valor del tiempo parece no tener ningún precio. Por otro lado, el costo demandado se va incrementando proporcionalmente al valor del negocio que se vaya tramitando. Este comportamiento provoca la aparición de un monopolio administrado por personal de la administración pública que tiene incentivos no menores a obtener recursos extras por esta preferencia de información y decisión.

De igual manera otro aspecto que afecta directamente el incremento de corrupción es la legislación e imposición tributaria. Leyes tributarias basadas en disposiciones legales ampliamente difundidas, claras y con respaldo institucional no necesitan la interacción entre contribuyentes y recaudadores. Por ejemplo, un sistema que ha mejorado en cuanto a su funcionamiento es la declaración del Impuesto al Valor Agregado, sin embargo el hecho de que exista la posibilidad de una oportunidad de crédito fiscal por medio de un Régimen Simplificado y una mayor declaración de facturas hace que haya un mercado negro de facturas y que la forma de declararse ante la autoridad tributaria sea difusa una clara muestra de corrupción. Cabe mencionar que el incumplimiento impositivo amedrenta a la oferta de sectores industriales manufactureros por ejemplo y esto esta asociado a aspectos igualmente directos como subvenciones y distorsión de precios que se presentan más adelante.

Decisiones de gasto público con presupuestos inflados, de seguimiento costoso y con distorsiones de precios en comparación a los precios de mercado son presa fácil de obtención de ingresos fraudulentos. Si bien la licitación de proyectos de inversión es una alternativa viable, el peligro es la ausencia de capacidad legal de ejecutar una regulación prudencial. Las “comisiones” en adjudicaciones con poca transparencia es el principal problema de ejecución de proyectos ya que la competencia y presión en lobbies ejerce fuerza en las decisiones de adjudicación.

El problema se debate en cuanto a la ineficiencia legal. Existen muchas decisiones que son tomadas sin aplicar la normativa vigente, este problema se agrava cuando el Estado es tan grande que la normativa pasa de ser un punto fijo de referencia a un punto de constante cambio adoptándose a las necesidades de coyuntura y perdiendo el sentido (El debate de un cambio constitucional es parte de este tema) creando  incentivos perversos.

Por otro lado, la existencia de una economía pequeña y excesivamente regulada podría fácilmente ser más corrupta que cualquier otro, ya que la naturaleza del comportamiento de los agentes económicos hará que encuentren mecanismos para recuperar sus libertades económicas.

El problema es tan complejo que es necesario examinar algunos aspectos que no necesariamente tienen una causalidad o repercusión directa, pero que están en la agenda de investigación para explicar el fenómeno de la corrupción. Uno de los puntos en los cuales se puede explorar tiene relación con la calidad de la burocracia.

Existen muchas aristas en cuanto al servicio público partiendo desde un compromiso “patriótico” pasando por una discusión étnica-cultural hasta la permanente exigencia de mayor nivel de preparación académica como se ha planteado en Bolivia. Sin embargo, en este tema existe además un problema de prestigio y señalización en la sociedad ya que el estigma de un sistema corrompido hace que sea un lugar de trabajo indeseado.

En el mismo sentido, un sector público de calidad debe ser competitivo en el mercado laboral, como se advierte en el pasado artículo sobre la Educación: El problema de la falta de calidad y equidad por la ausencia de incentivos[3], la relación entre la preparación profesional y el mercado laboral tienen canales de transmisión difusos y distorsionados más en algunos sectores de la administración pública no institucionalizados.

El “padrinazgo” aún esta presente y carece de meritocracia. Esto a su vez, se refleja en sueldos bajos, menores a los de mercado, que ahuyentan el capital humano y desincentivan a los funcionarios públicos en su interior; un caso claro es el de hidrocarburos con la nacionalización.

El nivel de transparencia de las funciones públicas puede ser determinante para la reducción de la corrupción. Analizando algunos datos del reciente informe de Tecnologías de la Información 2010-2011 preparado por el World Economic Forum (WEF) se aprecia, como primer acercamiento, que Bolivia es uno de los países con menor cobertura y acceso a internet, hecho que entre otros aspectos, provoca que la generación de información por este medio masivo sea bajo o nulo. Así, el Estado difícilmente puede dar cuenta de su actuar a través de este medio. Del 20% de la población que tiene acceso a internet, el 0.3% lo hace desde su hogar.

Entre las condiciones que plantea el informe, que incluye a 138 países, como condiciones para un mejor desempeño económico se destaca el pilar de regulación y ambiente político (2do pilar de 9 pilares propuestos[4])  el cual nos interesa ya que habla de la eficiencia legal, tamaño de mercado y regulación.

En cuanto a la eficiencia del cuerpo legislativo en su aplicación Bolivia ocupa el puesto 128 por debajo de Chile, Trinidad y Tobago, Colombia, Brazil y por encima de Ecuador, Perú y  Venezuela. Cuando se habla del conocimiento de estas leyes por medio de algún medio electrónico (Mail, comunicado en pág. web u otro) en una escala de 1 (no existente) a 7 (bien desarrollado) Bolivia tiene una puntuación de 2.39 y ocupa el puesto 135.

Si se habla de la percepción de independencia de la justicia, en una escala de 1 (influenciado) a 7 (independiente), países como Nueva Zelanda, Suecia, Suiza o Alemania tienen un 6.5 de puntuación. Los más independientes de los sistemas de justicia en América Latina son Chile, Costa Rica y Uruguay con promedio 5.3. mientras, en orden decreciente, están Bolivia, Paraguay y Venezuela que promedian un 1.7. La percepción de un sistema poco independiente está posiblemente atribuida a que los sistemas de justicia son cada vez más influenciados con elecciones partidarias o preferencias políticas.

El aspecto en el que Bolivia tiene el peor desempeño en el informe WEF, ocupando el último lugar es la preservación o cuidado de los derechos de propiedad y ocupa el puesto 86 de 107 países en el ranking de piratería de software. De igual manera, el tiempo promedio para hacer cumplir un contrato mediante la presentación ante una corte de justicia es de 591 días hábiles, resultado fuertemente contrastante en comparación a Singapur que realiza los trámites en 150 días. Son evidentes los datos que confirman los problemas expuestos anteriormente.

Estos indicadores no explican causalidad, sin embargo, son indicadores preocupantes en cuanto al simple hecho de costos que cargan en sus espaldas los ciudadanos. Es precisamente este costo de oportunidad el que incentiva en alguna medida a optar por el camino corto de la “coima” o la “comisión”.

En Bolivia[5], el 2010 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MEFP[6] publico los resultados de una encuesta de percepción ciudadana de la corrupción realizada a nivel nacional consultando a personas que efectúan algún tipo de trámite en las instituciones bajo la tuición del MEFP concluyendo que existen mejoras en cuanto a la percepción de lucha contra la corrupción, existe un mayor número de denuncias de corrupción y que el nivel de transparencia no ha cambiado.

Sin embargo, analizando las conclusiones que arroja el estudio de la MEFP se puede advertir que estas conclusiones no son representativas para toda la población debido a dos puntos muy importantes: 1) Si bien la encuesta esta estadísticamente bien construida, es dirigida a responder la pregunta de “cual es la percepción de los ciudadanos que realizan trámites en las instituciones del MEFP” y no a responder una percepción general de las instituciones, como el mismo estudio concluye al decir que en esta gestión de gobierno hay menos corrupción. Esta carencia en la facultad de la respuesta evidencia   un claro vacío en la ponderación del resto de la población que interactúa con otras instituciones como Identificaciones, Transito, Alcaldías, o Cortes Supremas de Justicia que no están ligadas al MEFP.

Asimismo, 2) el estudio si bien tiene una cobertura nacional, consultando a 250 personas que realizan trámites en alguna institución del MEFP por cada uno de los departamentos de Bolivia, no cuenta con una ponderación o reconocimiento geográfico en tanto a lo urbano y rural. Si bien es cierto que la mayoría de las instituciones dependientes del MEFP están en las capitales de departamento y los pobladores deben recurrir a estas capitales para realizar sus trámites, esta población rural debe ser representada con alguna ponderación en la muestra.

SOBRE ALGUNOS ERRORES MUESTRALES

Pablo A. Crespo

Economista y Matemático

Investigador asociado a POPULI

Profesor de Estadística – University of North Florida US.

 

Un error recurrente en  encuestas es el de “response bias;” el cual está definido como la sobre representación muestral de un grupo de individuos dentro de la población sobre otros. Si bien este conocido error es mencionado en los libros de estadística más básicos, su frecuencia parece ser alta. Pero ¿por qué nos importa? La respuesta radica en que, si una muestra no es tomada aleatoriamente (cada individuo de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para la muestra) cualquier inferencia incluyendo los márgenes de error (derivados de los intervalos de confianza) resultan no representativos de la realidad de la población.

Si bien la presentación sobre la encuesta realizada por el MEFP no describe la metodología de muestreo en detalle, hay razones para conjeturar la existencia de un “response bias.” Podemos comenzar mencionando que los individuos seleccionados para la muestra fueron obtenidos solo de individuos los cuales tuvieron trámites pendientes en instituciones bajo la tuición del MEFP durante el tiempo de encuesta. Si los objetivos de la encuesta hubiesen sido obtener  estimados sobre niveles de opinión de la gente que hace trámites en instituciones bajo tuición del MEFP, este modo de proceder sería apropiado. Sin embargo, los objetivos hablan de conseguir estimados sobre los niveles de opinión de la población boliviana. Cabe recalcar que la metodología parece ser apropiada para los 3 últimos objetivos mencionados en la presentación, pero no para los 3 primeros.  Adicionalmente, todas las encuestas se tomaron dentro de las capitales de los departamentos. Si bien gente de áreas fuera de estas capitales debe ir a las urbes para realizar trámites, es fácil conjeturar que la población más próxima a las instituciones quedará sobre representada. No aplicar ningún tipo de ponderación, la encuesta da preferencia de representación a la gente que vive en las capitales de los departamentos. Dada la exposición presentada en este párrafo, no es difícil demostrar que la encuesta parece tener un sesgo basado en su construcción que da preferencia a un solo grupo de individuos sobre el resto y no es necesariamente representativa de la población boliviana.

En todo caso a la luz de estos resultados la conclusión que se propone es que el MEFP  ha mejorado su imagen con respecto a la lucha contra la corrupción; las instituciones bajo  tuición del MEFP han recibido mayores denuncias de corrupción que en otras gestiones y que el nivel de transparencia de las Instituciones bajo Tuición del MEFP no ha cambiado

Por otro lado, recurriendo a otras fuentes de información sobre la temática en Bolivia de mayor cobertura y antigüedad, se observa, según la Encuesta Nacional del Costo de la Corrupción para el Hogar en Bolivia realizada por La Red Anticorrupción de Bolivia[7], que para 2005 el 50% de las familias, de un total de 3.488 familias a nivel nacional, se habían pagado “coimas” para obtener algún servicio público. Además, las familias que perciben un salario mensual promedio de Bs. 500 tendrían que destinar un 16.9% para cubrir el costo de la coima; por otro lado, las familias con un ingreso mensual promedio de Bs. 5.000 pagarían 1.3% de su ingreso en coimas. Hecho que demuestra que también la corrupción es un problema que afecta a los más pobres.

Analizando los datos de la encuesta de costos de la corrupción de La Red Anticorrupción, se aprecia que existen al año 429 mil trámites con coima por trámites en juzgados, 1 millón de casos por concepto de trámites de carnet de identidad, 55 mil casos en trámites para “tratar” de recuperar un auto robado y alrededor de 344 mil casos de coimas a agentes de tránsito para evitar el pago de infracciones.

De igual manera, partiendo de la misma base se actualiza este estudio para 2010[8] con  cobertura en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz tomando en cuenta los factores de expansión a nivel nacional de la base de comparación posibilitando la evaluación nacional. Para 2010, los resultados que marcan la discusión planteada en los primeros párrafos, los tres temas más preocupantes son por orden el Desempleo, Situación Económica y la Corrupción, siendo el tema de análisis de este artículo más importante que la Pobreza, Educación u otros por la percepción de la gente.

En cuanto a la percepción de las familias sobre las instituciones en el tiempo, en comparación a 2004 en una escala de 1 (nada corrupto) y 5 (mucha corrupción) la Policía Nacional para 2010 es la institución con mayor calificación 4.6 medio punto más que el año inicial, la Corte suprema y juzgados empeoraron pasando de una calificación de 4.1 a 4.3 y se advierte una mejora en Aduanas de 4.4 a 4.1

En contraste con la encuesta del MEFP, según esta actualización la percepción de la lucha del gobierno en contra de la corrupción ha empeorado pasando de un 2.91 el 2005 a un 3.15 para 2010, siempre en la escala 1 a 5.

Finalmente, estamos de acuerdo en que: “Estado no es sinónimo de Corrupción”, sin embargo, el rol que este juega en la economía nos hace cuestionar su tamaño, exigir su eficiencia y demandar el respeto a la libertad para la iniciativa privada con una regulación prudencial y un apego a la institucionalidad transversal a todas las actividades.

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* Investigador de POPULI (Bolivia). Economista de la Universidad Católica Boliviana, máster en Macroeconomía aplicada en la Universidad Católica de Chile y profesor adjunto en la misma Universidad.

Fuente: http://faroteilumina.blogspot.com/

 

 


[1] Vito Tanzi (1998) Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures. IMF Staff papers VOL 45 No. 4

[2] Para una explicación más detallada de estas interacciones ver POPULI (2006) http://www.populi.org.bo/images/stories/Economicas%202006%20Resumenes%20y%20Temas/24-corrupcion.pdf

[4] The Global Information Technology Report 2010-2011 Transformations 2.0 10th Anniversary Edition of World Economic Forum

[5] Para una revisión más completa de las fuentes citadas y otras se recomienda visitar http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/latin-america-the-caribbean/bolivia/sources/ donde se presentan informes actualizados de los diversos aspectos del problema.

[7] Red Anticorrupción Bolivia: Encuesta Nacional de Costos de la Corrupción para los Hogares de Bolivia, 2005.

[8] Encuestas y Estudios-Gallup Internacional, (2010). La Corrupción en Bolivia, Serie: Así Piensan los Bolivianos #142 http://www.icees.org.bo/art-colaboracion/corrupcion-en-bolivia-por-gallup.pdf