Esta semana se conoció el fallo del Tribunal Constitucional, que rechazó algunos de los requisitos impuestos en la ley de Presupuesto para la implementación de la gratuidad en educación superior el año 2016, en tanto consideró que significaban una discriminación arbitraria hacia alumnos de similar condición socioeconómica, y que incumplían de esta forma el principio de igualdad ante la ley.

En el texto, dado a conocer el lunes 21, el tribunal reafirma lo que hemos venido repitiendo todo este tiempo: el financiamiento estudiantil -a diferencia del institucional- en el cual se circunscribe la gratuidad, es un beneficio para el alumno, y no cabe por lo tanto realizar exclusiones arbitrarias en función de la institución, excepto que se trate de parámetros objetivos, como por ejemplo la acreditación. En el fallo se señala que “junto a los requisitos personales exigidos a los estudiantes para poder gozar del beneficio de la gratuidad, se les suman o añaden otros ajenos a su condición personal, que corresponden a las instituciones a las cuales pertenecen” y que “estos criterios de diferenciación no guardan ninguna relación con el fin que persigue el destino de los recursos contemplados […]”.

En ese contexto, la ley corta presentada en reemplazo de la glosa objetada sigue infringiendo el fondo de la sentencia del tribunal, en la medida que distingue arbitrariamente entre alumnos según su institución. Y el Gobierno sigue eludiendo su responsabilidad de acotar la gratuidad de forma objetiva y no discriminatoria, negándose a aceptar que hay universidades estatales de mala calidad, que no contribuyen con la generación de bienes públicos al mismo nivel que lo hacen otras instituciones privadas.

Así, más allá de cómo termine este vergonzoso episodio, ha servido para confirmar que el verdadero objetivo del Gobierno nunca ha sido ni la justicia ni la equidad en el acceso a educación superior. Tampoco la calidad. En cambio, todo su discurso sobre los derechos y la gratuidad, ha sido en realidad una excusa para favorecer a instituciones específicas, cuyos representantes deberían después de todo haberse dado cuenta de que lo gratuito no existe y que tarde o temprano tendrán que pagar de alguna forma el aparente apoyo que hoy les presta el Gobierno.

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Publicado originalmente en El Pulso, el 24 de diciembre de 2015

*La autora es investigadora Programa Social Libertad y Desarrollo (LyD) – (@MPArzola).