En la economía actual, las naciones que progresan compiten duramente entre sí para promover y atraer inversiones a sus territorios como uno de los principales caminos para generar empleos que permitan a su población superar la pobreza y alcanzar una prosperidad sostenible. En Bolivia, durante los últimos años, las inversiones han disminuido en proporción al crecimiento de la economía nacional, debido a la incertidumbre creada por las políticas del Gobierno como por la disposición de la nueva Constitución, que anuncia nueva legislación para todos los sectores económicos más importantes. Frente a la demanda de inversionistas y otros gobiernos que han reclamado reglas claras para la inversión, las principales autoridades del Estado han entregado al empresariado privado un anteproyecto de ley de inversiones que no solucionará la falta de certidumbre sobre las condiciones para la inversión y que lo único que conseguirá es alejarnos aún más en la competencia con otras naciones latinoamericanas por los flujos de inversión.

El anteproyecto de ley dedica más artículos a la seguridad de las inversiones estatales que a la seguridad de las privadas, lo que no tiene sentido, pues no hace falta que el Estado se garantice a sí mismo o que disponga que se agilizarán los trámites necesarios para facilitar las inversiones estatales, que se reservan los sectores estratégicos de la economía para el Estado, o que se prohíba privatizar en el futuro lo nacionalizado por el actual Gobierno porque todos estos aspectos corresponden a decisiones del mismo Estado. Este no necesita aprobar una ley para garantizarse a sí mismo respecto a sí mismo. Todas las leyes de inversiones que se conocen tienen como principal finalidad ofrecer condiciones de seguridad jurídica en el largo plazo al sector privado, tanto nacional como extranjero, para que invierta en un país. Como las inversiones requieren muchos años para recuperarse y generar rentabilidad, los inversionistas exigen conocer las reglas bajo las cuales trabajaran durante todos esos años.

La proyectada norma, sin embargo, solo les garantiza poder remitir sus utilidades al exterior e indemnización en caso de nacionalización. Sobre lo demás, anuncios genéricos sobre la posibilidad de establecer algunos incentivos. De esta forma no competiremos en el mundo por las inversiones. Cuando las exportaciones de gas no sean suficientes para sostener el Estado y la economía, nos daremos cuenta del costo de estas políticas equivocadas y de la falta de inversiones

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* Ex presidente de la Cámara de Senadores

Twitter: @OscarOrtizA

Publicado originalmente en El Deber, el 11 de abril de 2013