Varias figuras que colaboraron decisivamente en darle el golpe de gracia a lo que quedaba de institucionalidad en el paÃs en 2007 suelen decir que no habÃa Estado de Derecho. Agregan que todos esos actos de fuerza —especialmente la destitución violenta de la oposición en el congreso y del Tribunal Constitucional, ambos con la venia del poder ejecutivo1— eran un mal necesario para “refundar la patriaâ€. Pero hay que recordar que cuando Rafael Correa llegó a la presidencia en enero de 2007, sà habÃa algo de institucionalidad, a pesar de las múltiples violaciones a la Carta PolÃtica, la evidente corrupción de la clase polÃtica y la politización de las instituciones de control.
Un elemento esencial en un Estado de Derecho es la separación de poderes y no se puede negar que existÃa, al menos en relación al ejecutivo. El congreso, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional, existÃan como instituciones independientes del poder ejecutivo o cuyo sometimiento, cuando se daba, tenÃa que resultar de una negociación con otros partidos.
Las instituciones existÃan, maltrechas y politizadas, pero existÃan y fue una estrategia del proyecto de Correa terminar de destruirlas. Roberto López, entonces asesor del candidato Correa, dice: “la estrategia polÃtica era deslegitimar el congreso y por eso le sugerà a Correa no presentar candidatos para diputadosâ€, estrategia que tuvo muchos réditos puesto que ya una gran mayorÃa del electorado ecuatoriano se habÃa desencantado con una institución esencial en una democracia: el legislativo.2
Otra muestra de que algo de institucionalidad sobrevivÃa es que tanto el Congreso como el Tribunal Constitucional intentaron hacer respetar los lÃmites al poder ejecutivo presentes en la Constitución de 1998. No se trata de presentar como ilustres a los sujetos en cuestión, simplemente de reconocer que estaban —en este caso especÃfico y por cualesquiera que hayan sido sus motivos— exigiendo que se respetara el orden constitucional vigente. Las turbas enardecidas agredieron fÃsicamente a los diputados destituidos inconstitucionalmente y a los vocales del Tribunal Constitucional, impidiéndoles cumplir su deber. Que el presidente se haya rebelado públicamente en contra de lo decidido por la máxima autoridad en una república constitucional3, tampoco ayudó.
Esa competencia entre los distintos partidos polÃticos, aunque bien podrÃa catalogarse como la repartición del paÃs entre los distintos capos de las mafias polÃticas, sin duda era mejor que lo que tenemos hoy: instituciones politizadas (igual que antes) aunque ahora sometidas todas a un solo amo. En cuanto al organismo electoral, incluso una de las principales promotoras de la “refundación†con “plenos poderesâ€, MarÃa Paula Romo, recientemente declaró que “Hemos llegado a añorar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) anterior que era el ejemplo del reparto: los partidos controlándose a ellos, los partidos controlando las elecciones, los partidos controlando firmas. Siete partidos eran mejor que unoâ€.4
Nada de esto trata de justificar los abusos de poder que cometÃan los partidos bajo la anterior constitución. Simplemente es para ilustrar como fuimos de una situación mala a una que es peor. Es importante reconocerlo porque debemos aprender la lección de que no se construyen instituciones concentrando todavÃa más el poder.
Si el problema era “el reparto del paÃs†entre los polÃticos, pues la respuesta era clara: habÃa que reducir el botÃn, mediante la reducción del tamaño y la envergadura del Estado.
Referencias:
1. Nicanor Duarte, Leonardo. “Cómo Correa destruyó al congresoâ€. ABC Color (Paraguay). 12 de julio de 2011.
2. Conversación telefónica con el Dr. Roberto López el 23 de agosto de 2012.
3. Video, “TC ha pactadoâ€. 23 de abril de 2007.
4. Rojas, Carlos; Zeas, Santiago. “MarÃa Paula Romo: Las buenas ideas de la Constitución están al borde del desprestigioâ€. El Comercio. 12 de agosto de 2012.
* Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).
Publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 24 de agosto de 2012.