A raíz de una supuesta arista política en la investigación por fraude tributario del denominado “Caso Penta”, la relación dinero y política ha cobrado protagonismo en la discusión pública. En primer lugar, habría que señalar que la actividad política necesita financiamiento; instalar y difundir un mensaje en el espacio público es costoso, como también lo es el despliegue de actividades de proselitismo y reclutamiento. Entonces, la pregunta es ¿quién financia o quién está dispuesto a financiar esta tan cuestionada actividad?

El pleno financiamiento estatal no parece ser una alternativa idónea. Los partidos políticos debieran poseer autonomía tanto desde el punto de vista de la elaboración de sus ofertas programáticas como de su estructura financiera. La estatización, burocratización, intromisión y cooptación de los partidos por parte del Estado a través de los gobiernos de turno es una amenaza al pluralismo político; condición necesaria para el funcionamiento de cualquier democracia.

Por otro lado, el financiamiento exclusivamente privado también podría presentar problemas. Las condiciones de igualdad de competencia podrían verse distorsionadas por la capacidad financiera de cada agrupación, de ahí que existan mecanismos de aporte estatal a fin de establecer un piso mínimo de igualdad entre los actores en competencia. La experiencia muestra que estos aportes se materializan en reembolsos contra votos obtenidos, o en aportes basales. Sin embargo, vale la pena preguntarse si como sociedad estamos dispuestos a financiar con cargo a rentas generales cualquier tipo de actividad desarrollada por los partidos políticos. Una respuesta inteligente a esta interrogante es el diseño de aportes condicionados -que no excedan un monto más allá del 20% del total de ingresos de la agrupación, a efectos de conservar autonomía- a la generación de estándares mínimos de transparencia y buenas prácticas como la formación de juventudes y cuadros políticos. En definitiva, se trata de financiar “bienes públicos” y no despilfarrar recursos de todos los compatriotas en gastos discrecionales asociados a la actividad política.

La experiencia internacional muestra que los sistemas mixtos de financiamiento de la actividad política son los que han sido capaces de calibrar de mejor manera los principios que están detrás de la relación entre dinero y acción política: transparencia, participación, autonomía y competencia en el sistema político. Entiéndase por sistema mixto la posibilidad de combinar aportes privados (empresas), estatales (contra generación de bienes públicos) y ciudadanos (personas naturales).

Se debe partir de la premisa que el aporte en dinero a una campaña política es una forma más de participación política. Así tan legítimo como protestar, o marchar, el financiar una campaña es una dimensión más de la libertad de expresión, de ahí que la normativa deba poseer un enfoque que estimule la participación de personas naturales en el financiamiento de campañas. Pero durante las últimas semanas, ha sido muy difundida -e incluso materializada en una indicación al proyecto de reforma electoral- la idea de suprimir el sistema de aportes reservados. Se trata de una mala idea. El aporte reservado es una forma de eliminar todo medio de prueba verificable que pueda ser empleado como instrumento de extorsión entre el financista y el financiado. En segundo término, es también, un instrumento que asegura la salvaguardia del legítimo derecho a mantener en reserva la preferencia política. Si existiera total transparencia de financistas -sobre todo pequeños-, situaciones como persecuciones, acosos y extorsiones por preferencias políticas serían pan de cada día en diversos ámbitos de la vida social. Y, por ende, los incentivos a contribuir con dinero a una campaña se reducirían.

¿Prohibir las donaciones de empresas? Tampoco parece ser una medida correcta. Se argumenta que éstas no votan, ergo, no debieran financiar campañas. Bueno, las empresas tampoco practican atletismo ni participan de obras teatrales, pero sí se les permite contribuir en campañas deportivas y culturales. En definitiva, se trata de que éstas puedan desplegar una dimensión asociada a su función social dentro de una sociedad, materializada en la generación de bienes públicos, y tener una “buena política” por cierto que es un bien público.

Si la coyuntura permite perfeccionar ciertos aspectos de la normativa vigente, en buena hora, pero si algo ha demostrado la experiencia internacional en la materia, es que los enfoques estrictamente prohibicionistas y las legislaciones sobre la marcha de la contingencia sin un verdadero análisis de las alternativas en disputa no han dado resultado.

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Publicada originalmente en El Líbero, el 12 de octubre de 2014