Se entiende por hipérbole aquella actitud que consiste en aumentar o disminuir exageradamente aquello de lo que se habla. Muchos brasileños suelen tener la tendencia a caer en la mencionada conducta. Parecería que todo aquello que tiene que ver con su sociedad es “lo más grande del mundo” o “lo más importante del mundo”. El brasilero tiende entonces a exagerar lo que se relaciona con él o con su país. Desde la simpatía y la alegría, por cierto, pero es así.

Hoy Brasil tiene un feo privilegio. El de ser el país del mundo donde la clase política parece estar más gravemente infectada por la corrupción. Puede, quizás, que ello no sea así, pero lo cierto es que la Corte Suprema de Brasil acaba de autorizar que se investigue la corrupción de nada menos que nueve miembros del Gabinete Presidencial, así como de 71 congresistas, entre senadores y diputados, incluyendo a los actuales presidentes de ambas Cámaras. A lo que se suma la investigación de 3 gobernadores, esto es de las máximas autoridades de los estados de Río Grande do Norte, Acre y Alagoa. También la que podría afectar a un magistrado del Tribunal de Cuestas y a otros 24 políticos y autoridades, de todas las ideologías y colores por igual. Entre los investigados aparecen también el Jefe de Gabinete, Elisen Padilha, y el Secretario General de la Presidencia, Wellington Moreira. En la deplorable lista figura asimismo el ex canciller José Serra.

Una verdadera catástrofe política aplasta a Brasil. Tres de sus ex presidentes están en la mira. Como era de esperar, Luiz Inacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff. A los que se suma, desde el Partido Social Demócrata, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, lo que es toda una lamentable sorpresa. Los tres deben –como todos- gozar de la presunción de inocencia, pero verlos en la lista de los investigados es deprimente. Para Brasil, seguramente descorazonante. Para la región toda, una desilusión.

El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva debe declarar ante el Juez Sérgio Moro el próximo 3 de mayo, en Curitiba. Por el momento se mantiene en silencio, acusando, no obstante, a los medios de comunicación y al Ministerio Público de hacer “pirotecnia” con el tema. Lo cierto es que continúa aferrado a presentar una vez más su candidatura presidencial para las elecciones de 2018. Como si nada hubiera pasado. Con intenciones de ganar en una elección en la que las encuestas lo tienen como favorito.

Las denuncias de corrupción que provocaron el referido “tsunami” judicial son las que se vinculan con la gestión de la petrolera estatal Petrobras. Pero no son las únicas, ciertamente. Hay más. Las investigaciones fueron autorizadas por uno de los miembros del Tribunal Supremo, Edson Fachin. Ellas derivan de las acciones que tienen que ver con los testimonios de decenas de ex directivos del grupo Odebrecht, una de las empresas aparentemente vinculadas con la infección de la corrupción. Las revelaciones se vinculan y derivan de un acuerdo de colaboración con la Justicia, en función del cual esos directivos procuran disminuir el peso de las condenas que previsiblemente les serán impuestas.

Las acusaciones tienen fundamentalmente que ver con la corrupción pasiva y activa, el lavado de dinero y la falsedad ideológica. Pero también específicamente con la corrupción que anidara en el sector de la obra púbica, en el que ella se había transformado en una suerte de “condición” para poder operar en él a través de licitaciones públicas generalmente amañadas y fraudulentas. El sector todo parece haber actuado a la manera de “cartel”. Y huele mal.

Reitero, existe la presunción de inocencia. Y debe respetarse. No obstante, la sola lectura de la lista de acusados o posibles involucrados estremece, profundamente.

El actual presidente, Michel Temer, no figura en ella, quizás porque los presidentes brasileños no pueden ser procesados por delitos que pudieran haber cometido fuera del término de sus respectivos mandatos.

El vendaval es realmente fuerte, desde que incluye 320 investigaciones, de las cuales 83 difícilmente avanzarán con rapidez porque implican a políticos que pueden estar de alguna manera amparados por los “fueros” o “inmunidades” que corresponden a sus respectivas designaciones.

La corrupción –cuidado- es un flagelo que no sólo tiene que ver con la clase política brasileña. Es un fenómeno de alcance regional. Epidémico. Hay países en los que la infección está más extendida y otros en los que ella es, todavía, menor.

Pero lo sucedido con Brasil debe tomarse como un alerta para examinar, todos, nuestros respectivos escenarios con el objeto de desterrar la corrupción del mundo de la política.

En la República Argentina, la Caja de Pandora de la corrupción recién se abre. Pero la expectativa está alimentada por la sensación compartida por la gran mayoría de la sociedad de que los 12 años de “kirchnerismo” alimentaron en el particular “ADN” del peronismo un componente de corrupción intensa nunca visto en el país.

Por aquello de que “no hay mal que por bien no venga”, las revelaciones que nos vienen desde Brasil debieran estimular un urgente cambio de conducta de las clases políticas que han subvertido el objeto central de su actividad, que ciertamente es el de servir a sus mandantes y no el de transitar un camino para enriquecerse ilegalmente.

La corrupción es perversa. Ahuyenta la inversión y alimenta la pobreza. Siembra el descrédito en las instituciones de la democracia, genera relativismo en el plano de los valores y atrasa a las sociedades a las que infecta.

Mientras tanto la economía brasilera está mejorando. Lentamente. Este año crecerá un decepcionante 0,2% del PBI. Para 2018 se proyecta, en cambio, un crecimiento del 1,7% del PBI. A lo que se agrega que el déficit primario se irá reduciendo en los próximos años hasta alcanzar un superávit primario en el 2020. Buenas noticias, entonces.

Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas

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Publicado originalmente en Diario Exterior, el 25 de abril de 2017