Bolivia:

Por:

Editorial

En:

El Deber

País:

Bolivia

Fecha:

27 de octubre de 2017

Con asombro, la ciudadanía mira la lluvia de denuncias sobre hechos de corrupción que se dan en empresas estatales que abarcan, hasta ahora, a los sectores financiero, de comunicaciones, comercio, producción e industrialización.

El Gobierno toma algunas medidas, como la destitución de la gerente del Banco Unión, donde se había dado un desfalco millonario y la justicia tendrá a su cargo el castigo a los culpables.

Pero parece necesario advertir que sería oportuno aplicar en todo el ámbito de las empresas estatales criterios de eficiencia y de buena gestión, además de que se deben evitar los hechos de corrupción como los que se denuncian ahora.

Según datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, las empresas estatales habían ejecutado hasta septiembre solamente 32,6% del presupuesto reprogramado para este año. Corre ya el último trimestre del año y solo se ha ejecutado un tercio de la inversión.

Frente a ese porcentaje de ejecución de inversiones, las gobernaciones ejecutaron 50,7%, los municipios grandes 39,7% y los pequeños 43,1%.
Estas cifras cuestionan incluso las afirmaciones de algunas autoridades acerca de la  importancia de la inversión pública para lograr el crecimiento de la economía, y las críticas que esas mismas autoridades hacen a la inversión privada.

Habrá que poner orden en las empresas estatales pero también inocularles criterios de eficiencia,
comenzando por el manejo de los recursos humanos, porque sería un grave error sobrecargar las planillas de esas empresas con personal pres-
cindible.

El tema más preocupante dentro de las empresas estatales es YPFB, la que se ha ganado el nombre de ‘estratégica’ por el aporte de los hidrocarburos a la economía.

La certificación de las reservas de gas, que debería hacerse todos los años, no se la hace desde 2013 y ahora se anuncia que YPFB ha sido autorizada a contratar a una certificadora internacional que entregará su informe a mediados del próximo año, es decir, cinco años después de la última certificación.

Esto provoca dudas acerca de la capacidad de las reservas de gas de abastecer los volúmenes suficientes para atender la demanda nacional, además de los compromisos con Brasil y Argentina. Los anuncios sobre exploraciones intensivas no han producido hasta ahora ninguna buena noticia.

Está haciendo falta un manejo empresarial y serio, además de honrado, de las empresas estatales.

 

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Publicado originalmente en El Deber (Bolivia), el 26 de octubre de 2017