Ecuador: 10 años de un atropello

Por:

Paola Ycaza Oneto

En:

El Universo

País:

Columnas

Fecha:

10 de marzo de 2017

El 7 de marzo se cumplen 10 años de un suceso desafortunado para la democracia, la república y la institucionalidad: el día de la destitución de 57 diputados de la mayoría parlamentaria constituida por SP, PSP, UDC y Prian, por decisión del entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE). También se suspendieron por un año los derechos políticos de los 57 legisladores inconstitucionalmente destituidos. Los diputados de la minoría aplaudieron esta decisión y a las turbas que agredieron a algunos de los depuestos. Acusaron a la mayoría parlamentaria de armar una estrategia de confrontación para desprestigiar la consulta popular, la cual aprobaría la instalación de una Asamblea Constituyente que redactaría una nueva Constitución. Un mes después se llevaba a cabo la consulta y se aprobaba la Asamblea Constituyente, la cual disolvió el Congreso y ejerció facultades plenipotenciarias.

¿Democracia? Estos 57 legisladores fueron elegidos en las urnas, lo que ratifica la arbitrariedad del TSE. En cadena nacional, Jorge Acosta, entonces presidente del TSE, informó a la ciudadanía sus motivos y habló de la “pérdida de la calidad” de esos congresistas por poner trabas a la consulta popular. En una democracia, la opinión de la ‘calidad’ de un funcionario sobre otro, debería quedarse en eso, en opinión. Esta destitución confirma que la democracia no nos vacuna contra los poderes ilimitados ejercidos por quienes se sienten legitimados por las urnas. Si estos diputados fueron elegidos por la mayoría, destituirlos fue un atropello contra la voluntad popular.

¿República? Días después de este acontecimiento, el Tribunal Constitucional (TC), máxima autoridad en una república constitucional, ordenó que se reintegraran 50 de los 57 legisladores. El presidente Correa condenó el fallo del TC calificándolo de “flagrante violación de los procedimientos legales de Ecuador”. El Congreso, una vez que contó con una ilegítima mayoría oficialista, aprobó la destitución de los nueve vocales que integraban el TC. Recordemos cómo surgió esta mayoría: los diputados suplentes se reunieron en secreto en una hostería y cuando la prensa los sorprendió se retiraron sin dar declaraciones, algunos escondidos bajo manteles. Los diputados que suplirían a los titulares destituidos subieron a un bus policial en la madrugada y el cordón policial, que rodeaba al Congreso “por órdenes de superiores”, dejó pasar al vehículo. Este hecho no solo perpetró un abuso de poder sino que evidenció el uso de instituciones a conveniencia. Una república implica separación de poderes y fortaleza de instituciones; y la institucionalidad implica un Estado de derecho. Recordemos que un Estado de derecho no significa regalar derechos o fabricar leyes, sino que las autoridades estén limitadas estrictamente por un marco jurídico establecido.

¿Institucionalidad? El TC exigía que se respetara el orden constitucional vigente. La conformación ilegal de este nuevo Congreso y la posterior destitución de los vocales del TC representan una verdadera ‘violación de los procedimientos legales’ y ratifican la debilidad de las instituciones.

En el 2007, con esta serie de atropellos, debimos intuir el porvenir de los años posteriores. Una década después y a semanas de posesionarse un nuevo gobierno, lo menos que podemos pedir son instituciones fuertes e independientes y el establecimiento de un Estado de derecho para merecer el término ‘República’ del Ecuador.

 

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Publicado originalmente en El Universo (Ecuador), el 6 de marzo de 2017.